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miércoles, 19 de agosto de 2015

Roger Cortés se refiere al Vice que fustiga sin misericordia a algunos de los más combativos militantes del proceso de cambio, los tacha unula, les llama "resentidos" los persigue, juzga y castiga sin derecho a defensa, ni a répliica ni a jueves imparciales...se trata de las ONG.

Como buen padrastro de historieta, el Gobierno vuelve a otorgarse la licencia para perseguir, juzgar y castigar, por mano propia -sin derecho a defensa, réplica y, menos, a jueces imparciales- a quienes considera enemigos, riesgos o amenazas para sus planes.
Se trata esta vez, nuevamente, de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que han estado continuamente bajo escrutinio y permanente marca, con el añadido, ahora, de que la más caracterizada voz profética del régimen se ha alzado para justificar las acciones a las que son sometidas y a anunciar nuevas y más duras represalias.
La primera gran persecución contra las ONG se desplegó en 2011, al mismo tiempo que el Vicepresidente del Estado difundía su folleto El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo, cuyo título imita al que diera el más famoso dirigente de la revolución soviética a uno de sus trabajos. En esa pieza, el Vice fustiga sin misericordia a algunos de los más combativos militantes del proceso de cambio e intenta tacharlos y anularlos llamándolos “resentidos”.
Ahora caracterizó de “extranjeras” a cuatro ONG, una de las cuales está abiertamente vinculada al último gobierno movimientista, mientras que las otras (Tierra·, CEDLA y CEDIB) tienen un historial vinculado principalmente a corrientes de izquierda. La intención de clasificarlas como foráneas era legitimar la amenaza de expulsarlas del país. Sin embargo, se vio forzado pronto a  rectificar su calificación, cuando unos 40 activistas e intelectuales internacionales amigos, aliados y abiertos defensores del Gobierno boliviano en su mayoría expresaron en dos publicaciones su desacuerdo y extrañeza por la conducta oficial.

El desarrollo del conflicto permitió a varias ONG a dar a conocer que por años están padeciendo varias formas de acoso, entre las que sobresalen auditoría de impuestos, inspecciones laborales y, especialmente, la obligación de volver a tramitar su personería jurídica, esta vez ante el Ministerio de Autonomías, donde se produce un largo y penoso estancamiento que actúa como una amenaza continua, ya que permanece abierta la posibilidad de que no las reinscriban y a continuación cierren a esas instituciones.

En un principio, las ONG más castigadas fueron las que trabajan con indígenas y que en su momento sirvieron de santuario y fuente de empleo a decenas de los más prominentes cuadros gubernamentales; las que hoy señala el dedo acusador del régimen, se dedican a investigaciones sociales y políticas. El hecho que la atención oficial derive sobre ellas es indicación infalible de la disminución del nivel de tolerancia y aceptación de visiones y concepciones ajenas a las del Gobierno.

La decisión de acallar críticas y observaciones se debe a que los esfuerzos gubernamentales para allanar el camino a un referendo para reelegir continuamente al Presidente y Vice actuales se hacen cada vez más duros debido a la menor disponibilidad de recursos causada por el descenso de los precios de las materias primas que exportamos. Se trata también de una consecuencia del completo desmoronamiento de la teoría del Estado integral, del Vicepresidente, según la cual como el Gobierno expresaría a “movimientos sociales” se habría producido una fusión entre el Estado y la sociedad.

Recientes hechos, como las lentísimas y sinuosas investigaciones sobre el Fondo Campesino, han vuelto a demostrar que las dirigencias de organizaciones sociales (deliberada y equívocamente caracterizadas como “movimientos sociales”) vinculadas al régimen son las que tratan de maniatar las inquietudes y protestas de sus bases a cambio de cuantiosos beneficios económicos y políticos que reciben.El Estado integral es una asociación ilegítima de burocracias políticas y sindicales que apuestan con creciente temor a preservar la opacidad e impunidad para sus operaciones, tras la reelección perpetua. Este consorcio no tolera que ni organizaciones, ni individuos cuestionen sus actividades y por ello exhiben su predisposición a censurar y castigar a cualquiera que ose desafiarlos.
Página Siete – La Paz

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