Como buen padrastro de historieta, el Gobierno vuelve a otorgarse la
licencia para perseguir, juzgar y castigar, por mano propia -sin derecho
a defensa, réplica y, menos, a jueces imparciales- a quienes considera
enemigos, riesgos o amenazas para sus planes.
Se trata esta vez,
nuevamente, de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que han estado
continuamente bajo escrutinio y permanente marca, con el añadido, ahora,
de que la más caracterizada voz profética del régimen se ha alzado para
justificar las acciones a las que son sometidas y a anunciar nuevas y
más duras represalias.
La primera gran persecución contra las ONG
se desplegó en 2011, al mismo tiempo que el Vicepresidente del Estado
difundía su folleto El oenegismo, enfermedad infantil del derechismo,
cuyo título imita al que diera el más famoso dirigente de la revolución
soviética a uno de sus trabajos. En esa pieza, el Vice fustiga sin
misericordia a algunos de los más combativos militantes del proceso de
cambio e intenta tacharlos y anularlos llamándolos “resentidos”.
Ahora
caracterizó de “extranjeras” a cuatro ONG, una de las cuales está
abiertamente vinculada al último gobierno movimientista, mientras que
las otras (Tierra·, CEDLA y CEDIB) tienen un historial vinculado
principalmente a corrientes de izquierda. La intención de clasificarlas
como foráneas era legitimar la amenaza de expulsarlas del país. Sin
embargo, se vio forzado pronto a rectificar su calificación, cuando
unos 40 activistas e intelectuales internacionales amigos, aliados y
abiertos defensores del Gobierno boliviano en su mayoría expresaron en
dos publicaciones su desacuerdo y extrañeza por la conducta oficial.
El desarrollo del conflicto permitió a varias ONG a dar a conocer que
por años están padeciendo varias formas de acoso, entre las que
sobresalen auditoría de impuestos, inspecciones laborales y,
especialmente, la obligación de volver a tramitar su personería
jurídica, esta vez ante el Ministerio de Autonomías, donde se produce un
largo y penoso estancamiento que actúa como una amenaza continua, ya
que permanece abierta la posibilidad de que no las reinscriban y a
continuación cierren a esas instituciones.
En un principio, las
ONG más castigadas fueron las que trabajan con indígenas y que en su
momento sirvieron de santuario y fuente de empleo a decenas de los más
prominentes cuadros gubernamentales; las que hoy señala el dedo acusador
del régimen, se dedican a investigaciones sociales y políticas. El
hecho que la atención oficial derive sobre ellas es indicación infalible
de la disminución del nivel de tolerancia y aceptación de visiones y
concepciones ajenas a las del Gobierno.
La decisión de acallar
críticas y observaciones se debe a que los esfuerzos gubernamentales
para allanar el camino a un referendo para reelegir continuamente al
Presidente y Vice actuales se hacen cada vez más duros debido a la menor
disponibilidad de recursos causada por el descenso de los precios de
las materias primas que exportamos. Se trata también de una consecuencia
del completo desmoronamiento de la teoría del Estado integral, del
Vicepresidente, según la cual como el Gobierno expresaría a “movimientos
sociales” se habría producido una fusión entre el Estado y la sociedad.
Recientes hechos, como las lentísimas y sinuosas investigaciones sobre
el Fondo Campesino, han vuelto a demostrar que las dirigencias de
organizaciones sociales (deliberada y equívocamente caracterizadas como
“movimientos sociales”) vinculadas al régimen son las que tratan de
maniatar las inquietudes y protestas de sus bases a cambio de cuantiosos
beneficios económicos y políticos que reciben.El Estado
integral es una asociación ilegítima de burocracias políticas y
sindicales que apuestan con creciente temor a preservar la opacidad e
impunidad para sus operaciones, tras la reelección perpetua. Este
consorcio no tolera que ni organizaciones, ni individuos cuestionen sus
actividades y por ello exhiben su predisposición a censurar y castigar a
cualquiera que ose desafiarlos.
Página Siete – La Paz
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