Ha causado estupor el caso de un juez anticorrupción grabado con un teléfono celular mientras regateaba con una mujer para torcer las cosas a su favor a cambio de un pago que en un principio había sido fijado por el administrador de justicia en 15 mil dólares.
Las autoridades superiores han reaccionado muy rápido, han suspendido de sus funciones al juez, a uno de sus colegas que actuaba en complicidad y también a una secretaria del juzgado que, según se puede ver en la grabación, ya tenían marcado una especie de ritual de la extorsión que incluida la requisa de las víctimas para asegurarse de que no estuvieran grabándolos. “Al mejor cazador se le escapa la liebre”, dice el refrán.
¿Cómo reaccionaría la ciudadanía si conociera que solo en la jurisdicción de Santa Cruz y en apenas dos años hay acumuladas 137 denuncias contra jueces y vocales, muchas de ellas similares e incluso peores que la del juez cuya imagen se ha vuelto viral en las redes sociales?
Qué diría si sabe además que algunos casos han sido archivados sin investigación alguna y el resto no ha pasado de las instancias iniciales y que podrían correr la misma suerte, pues los fiscales que deben investigar las denuncias no les dan importancia, porque obedecen a las mismas directrices políticas e institucionales que en la actualidad tienen prioridades mucho más “urgentes” e “importantes” que la justicia y la lucha contra la corrupción.
Qué pensaría si se da cuenta además que todas esos hechos de extorsión, de prevaricato, de manipulación y muchos otros delitos que se cometen diariamente, quedarán en la impunidad pues no existe la más mínima voluntad en todo el cuadro institucional del Órgano Judicial y el Ministerio Público de combatir estos excesos y que simplemente se toleran porque de esa forma se puede tejer el manto de connivencia favorable a la persecución y a los intereses del régimen, al que le conviene una justicia torcida y manoseada.
En el caso de la Fiscalía la situación no es mejor, pues diariamente se sabe de la suspensión de decenas de fiscales por corrupción aunque después no se conoce el destino de los imputados. Son muy pocos los que van a juicio y mucho menos de los sancionados. Todo es parte de una práctica propagandística que da la sensación de que se combaten los malos manejos, de la misma forma que son pura farsa las críticas que se le hace a la justicia desde las tarimas, pues es el propio régimen gobernante el causante de esta degradación de los tribunales a situaciones nunca vistas, tal como lo expresan especialistas que siempre han exigido transparencia. Lo que pasa hoy, según ellos, es parte de una enfermedad terminal.
El más perjudicado con esta justicia bastardeada es lógicamente el poblador de escasos recursos que ni siquiera tiene los recursos suficientes para acceder a un litigio en condiciones de equidad (porque la justicia sigue siendo un artículo suntuario), menos para pagar los costos extras que exigen fiscales y jueces que mantienen la justicia secuestrada por un comercio nefasto que al mismo tiempo favorece los intereses políticos de turno.
El más perjudicado con esta justicia bastardeada es lógicamente el poblador de escasos recursos que ni siquiera tiene los recursos suficientes para acceder a un litigio en condiciones de equidad (porque la justicia sigue siendo un artículo suntuario), menos para pagar los costos extras que exigen fiscales y jueces que mantienen la justicia secuestrada por un comercio nefasto que al mismo tiempo favorece los intereses políticos de turno.
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