Los últimos eventos referidos al manejo de la red ATB corroboran lo que he señalado en numerosas ocasiones: que ése es un medio de comunicación paraestatal y que, por lo tanto, al menos su línea, está bajo control gubernamental. ATB, aparte de su orientación editorial y noticiosa favorable al Gobierno, es el canal de TV que más publicidad gubernamental recibe, incluso más que el canal 7, el medio oficial del Estado. Y también está el tema de quiénes son sus dueños.
Jaime Iturri y sus socios Marcelo Hurtado y Luis Nemtala aparecieron el viernes en ese canal para intentar explicar cuál es su situación societaria. Y al hacerlo se han enredado más de lo que ya estaban.
Primero admitieron que son socios de Investbol, afirmando “que están en proceso de compra” de esa red, colocando la fecha del acuerdo de compra en el 2014, según una entrevista que se le realizó a Hurtado ese año y que ATB volvió a emitir.
Después calificaron como “falso” un testimonio de Investbol aparecido la semana pasada en Página Siete y que señala que en 2014 los tres mencionados hicieron diferentes aportes hasta completar 57,1 millones de bolivianos. Según esa publicación, Iturri realizó un aporte de 31,4 millones de bolivianos.
Al afirmar que ese testimonio es falso, Iturri y sus socios generaron dos problemas: uno, la pregunta obvia de por qué “se acordaron” que el documento era falso unas 60 horas después de que apareció publicado. Es más, entrevistado por ANF el mismo día de la publicación, Iturri no negó la validez del testimonio, recién se “dio cuenta” de que lo era más de dos días después.
Dos, si es falso, ¿en base a qué acto Hurtado dijo en 2014 que se había realizado un acuerdo de compra de la red? Puede ser que el documento del miércoles sea falso (y que no se haya usado esas 60 horas para hacerlo desaparecer), pero algún documento tiene que haber sido firmado en 2014 para que Hurtado dijera que existía un proceso de compra. De algún lado debió salir el dinero para esa compra (¿Investbol no necesitaba más aportes para comprar ATB en 2014?). Pero Hurtado y sus dos socios no revelaron cómo con una sociedad de un capital de 24.200 bolivianos pudieron acordar la compra de una red como ATB.
Tampoco quisieron decir a quién en concreto le están comprando el canal. Y allí confirmaron lo que está en mi libro Control Remoto: que la empresa propietaria era Akaishi, una compañía basada en Barcelona, y que ellos habían hablado para la negociación con su representante legal, un abogado de nombre Gerard Garcia-Gassull.
Allí surgen nuevas dudas: Iturri y sus dos socios se niegan a revelar quiénes son los dueños de carne y hueso de Akaishi. O sea que, junto con admitir que están en proceso de compra de la red ATB, otrora una de las más creíbles de Bolivia, los tres señalados, amparándose en una supuesta cláusula de confidencialidad, no dijeron el precio, los plazos, el nombre del vendedor y tampoco la fuente de financiamiento de la operación que han iniciado (que sería extraño también esté sujeta a confidencialidad).
Pero en su enredada “autoentrevista” (Hurtado ha prometido darme una verdadera entrevista cuando llegue de su viaje a EEUU), los tres socios siguieron metiendo la pata: dijeron que una de las razones de la compra es que la ley boliviana obliga a que el 75% de las acciones de los canales de TV en Bolivia deben pertenecer a capitales bolivianos. ¿Y cómo entonces trabajaron para la supuesta empresa española Akaishi hasta 2014? Lo que nos han dicho los tres socios de ATB es que se debió impedir que una empresa española como Akaishi sea titular de esa red. Si ése es el caso, la ATT debería iniciar una investigación. Pero es seguro que no lo hará porque ATB es un canal “paraestatal”.
Otras discrepancias en las que ingresaron los empresarios autoentrevistados es que el acuerdo de compra se produjo en 2014, pero que desde 2013 ya se hacen “depósitos bancarizados” a Akaishi. ¿En qué quedamos, el año del acuerdo de venta es 2013 o 2014?
Lo que mi libro Control Remoto refleja citando documentos oficiales es que Carlos Gill, el empresario chavista venezolano, es dueño de La Razón, tras comprar ese diario a Prisa. Otro documento muestra que Prisa vendió el 25% de ATB a Akaishi y que el 75% restante está (o estaba) en manos de La Razón, es decir, de Carlos Gill. No se sabe qué hizo Gill con sus acciones de ATB antes de 2014, cuando los tres nuevos socios se hicieron cargo, según sostienen.
Luis Nemtala, en la autoentrevista, dijo que se realizarán pagos “por los próximos años” a los anteriores dueños de ATB.
Ello hace pensar que se están usando los propios ingresos de ATB para pagar, lo que entrañaría una profunda cuestión ética: ¿sería aceptable que tres empresarios, por su “amistad” con un Gobierno, usaran recursos provenientes de la astronómica publicidad gubernamental que llega a una red de TV, para comprarse una valiosa empresa? ¿Por qué, si ése fuere el caso, los recursos de los bolivianos deberían terminar en acciones que favorecen los bolsillos de unos cuantos empresarios y sus eventuales socios reales?
Otra pregunta es por qué los dueños anteriores aceptaron vender el canal en cuotas y a tres específicos funcionarios de ATB.
¿No era mejor intentar venderlo a otro empresario pudiente que les pague de una sola vez y un monto mayor? ¿Cuál es el empresario caritativo que elige a tres personas y les entrega su canal pese a que, lo han dicho ellos, no tienen recursos suficientes para hacer esa compra de una sola vez?
La guinda de la torta fue cuando dijeron que el capital de la empresa propietaria de ATB es de 24.200 bolivianos. Entonces quiero permutar mi auto por una red de TV. ¿Cómo se entiende que una empresa que tiene un capital de sólo 24.200 bolivianos sea propietaria de una gran compañía como es ATB? ¿Investigará este hecho la UIF? No lo creo.
Al concluir el programa, Jaime Iturri amenazó con enjuiciarme por difamación. Lo hace protegido por el poder reinante. Yo me defenderé en ese proceso.
El autor es periodista; Twitter: RaulPenaranda1.
No hay comentarios:
Publicar un comentario