El más reciente informe del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), en el que se hace un balance del año que concluye, ha confirmado, con los datos correspondientes a los últimos meses del año, que no son pocos ni pequeños los motivos para ver con cierta preocupación el futuro inmediato de la economía nacional. Los datos a los que nos referimos son los relativos a las exportaciones durante la gestión que concluye, las que dejarán un déficit comercial de unos 700 millones de dólares, un resultado que deja al país con las mismas cifras que en 2003.
La tendencia que se refleja en el más reciente informe del IBCE no es nueva, pues ya lleva casi un año la inclinación descendente del valor de las exportaciones nacionales, pero esta vez tiene un elemento negativo adicional. Es que por primera vez durante los últimos 12 años se registrará un déficit comercial, pues las exportaciones bordearán los 9.000 millones de dólares contra unos 9.500 millones de dólares en importaciones. Es algo que no ocurría desde el 2003.
El haber cruzado después de 12 años el punto de inflexión, con lo que se podría dar por concluido el más largo período de bonanza económica de los últimos tiempos, no es un detalle que pueda ser fácilmente soslayado sin correr el riesgo de tomar decisiones equivocadas. Así, si se insiste en atribuir el problema solamente a factores externos y circunstanciales, y en no reconocer que también es resultado de una política económica que desfavorece a las actividades productivas ajenas a las exportaciones tradicionales, es una actitud de la que sólo se puede esperar un agravamiento del mal.
El riesgo es aún mayor si se pierden de vista los aspectos cualitativos que se esconden tras las cifras. Nos referimos al dato según el que los rubros en los que hubo más retrocesos son precisamente los que más había costado fortalecer durante varias décadas. Es el caso de los textiles, los artículos de cuero, joyas y maderas elaboradas, entre otros productos con valor agregado relativamente alto, que después de muchas décadas de esfuerzos sostenidos compartidos por el Estado, empresarios y trabajadores se perfilaban promisoriamente como sólidos pilares de una economía nacional más diversa que la que tradicionalmente nos condenó a la condición de productores y exportadores de materias primas.
Tan preocupante como la caída de las exportaciones del sector manufacturero es la sufrida por el sector agropecuario. La dramática disminución de los volúmenes exportados de productos como azúcar, alcohol, soya, girasol y otros es otro dato que da cuenta de un drástico empobrecimiento de la economía nacional.
Es verdad que muchos de esos resultados negativos son atribuibles a factores externos, y por consiguientemente ajenos a la voluntad gubernamental, pero no es menos cierto que las políticas aplicadas durante los últimos años no contribuyen a paliar el problema sino, por el contrario, lo que hacen es agravarlo. Es el caso de los cupos, licencias, sobrecargas impositivas y pesadas cargas laborales que, sumadas a trabas burocráticas a veces infranqueables, dificultan mucho el desarrollo de las actividades productivas no tradicionales.
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