Peligrosa conclusión

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 José Luis Baptista Morales
Esencial función del Estado es asegurar la vigencia de los derechos humanos mediante acciones que eviten la comisión de delitos y hagan viable la convivencia pacífica en sociedad. Ese anhelo se expresa mediante el concepto de seguridad ciudadana.

 La entidad denominada Foro Regional –creada para investigación de la cuestión social por tres instituciones del sector privado (Ciudadanía, Ceres y Los Tiempos)– presentó, al término de encuesta efectuada, un informe alarmante sobre apreciación predominante de la ciudadanía en Cochabamba acerca de ese tema.

 Según lo expuesto, la mayoría de los cochabambinos percibe que es alto el grado de delincuencia en la región con característica de impunidad. Los encuestados atribuyen ese resultado, por una parte a ineficacia de la administración de justicia que por su inoperancia origina gran número de hechos delictivos mal juzgados o no denunciados debido a extrema desconfianza. Entienden por otra que el motivo está en la carencia de acciones preventivas bajo responsabilidad de instituciones del sector público.

 El sondeo de referencia demostró que ante esa realidad algunos sectores de la ciudadanía, con posibilidades en el orden económico, recurren a la contratación de agencias civiles especializadas en vigilancia, y que tanto allí como en barrios marginales existen grupos organizados para autodefensa.

 Una de las consecuencias de tal modalidad de reemplazo de los sistemas legales de prevención y punición es el linchamiento. Respecto a ese tipo de comportamiento criminal con característica de homicidio agravado, las reacciones son altamente preocupantes, pues un 52,3 por ciento de los entrevistados se pronunció con sentimientos de tolerancia, comprensión y aceptación.

 La posición manifestada en ese sentido implica ánimo de delinquir ante determinadas circunstancias, y en otros casos propósito de encubrimiento o intención de no denunciar actos delictivos. La aprobación declarada hace retroceder a nuestros contemporáneos a tiempos de barbarie, a la verdadera forma primitiva, en que los agraviados, de modo arbitrario, reaccionaban instintivamente igual que los animales.

 El desconocimiento de las normas civilizadas de orden jurídico para los fines de administración de justicia constituye plena negación de la coexistencia en un Estado de Derecho; anula el principio de presunción de inocencia, salvo prueba en contrario, y rechaza el derecho a la defensa. En esas actitudes existe la posibilidad de error que origina ejecución de inocentes.

 Quedó claro que la mayoría de los participantes en la averiguación realizada percibe que las causas de inseguridad están en debilidad del sistema de administración de justicia y en los mecanismos de prevención y control.
En cuanto al primero de esos dos criterios es urgente una seria reforma. La única posibilidad de buen resultado está en que el estudio pertinente se realice con eliminación de la injerencia de los partidos políticos, y exclusiva participación de Colegios de Abogados y Facultades de Derecho.

 En lo concerniente al tema de inseguridad no jurisdiccional por inadecuadas o inexistentes medidas y prácticas en el orden de control, prevención y erradicación de acciones delictivas, la satisfacción de ese anhelo es competencia de los órganos legislativo y ejecutivo del poder político.
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