El presidente Evo Morales le ha pedido a su homólogo de EEUU, Donald Trump, “respetar los derechos humanos” de los inmigrantes, luego de saber que este ha decidido cumplir la promesa de construir un muro en la frontera con México. No está mal que pida ese respeto. Lo que choca es escucharle hacer el pedido a un extraño, mientras él ignora ese respeto en el país que gobierna. ¿Será que Morales solo ve lo que pasa fuera de Bolivia y está ciego, sordo y mudo cuando se trata de ver lo que ocurre en casa?
Es lo que nos lleva a pensar no solo esta última ocurrencia de Morales, sino también el informe de más de cuatro horas que dio en la Asamblea Legislativa el domingo 22, en el que comparó lo hecho por su Gobierno en 11 años con lo que hicieron los 86 gobiernos que se turnaron a lo largo de 180 años transcurridos desde la independencia de Bolivia hasta 2005. En ese informe no incluyó un balance de los derechos humanos, en el que, de haberlo hecho, afloraría con nitidez el retroceso visto en la última década.
Un retroceso que puede ser verificado a través de informes oficiales, como el presentado por Héctor Arce antes de renunciar a la Procuraduría: Bolivia enfrenta más de 40 denuncias por violación a los derechos humanos ante diferentes cortes internacionales. La mayoría corresponde a vulneración de derechos por causas políticas, como son los casos de la expresidenta de Diputados Rebeca Delgado, del exsenador Eduardo Maldonado y del exprefecto de Tarija Mario Cossío, todos citados en el informe de Arce.
Solo ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington, las denuncias suman 37, según detalló Arce. De ese total, “28 se encuentran en la etapa de admisibilidad, cinco en etapa de fondo y cuatro en negociación de solución amistosa”. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, hay cinco “en fase de supervisión de sentencia”. Y en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra (Suiza), hay otras tres denuncias de casos activos.
Esto sin contar las denuncias de periodistas y medios de comunicación ante la SIP, y las realizadas solo ante instancias nacionales. La lista de responsables de las violaciones denunciadas incluye a autoridades y funcionarios del Ejecutivo, de la Policía, de las FFAA, Fiscalía y justicia. Entre los denunciantes figuran opositores, exaliados, líderes indígenas y cívicos, militares y hasta fiscales. Varios han optado por el autoexilio, como el exfiscal Marcelo Soza y el exsenador Róger Pinto.
La lista sigue, pero ya no hay espacio para más casos. Los citados deberían bastar para llamar la atención del presidente y lograr que pregone con el ejemplo. Es decir, que primero asegure la defensa y protección de los DDHH en Bolivia y solo después pida o demande a otros presidentes hacer lo mismo
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