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sábado, 23 de junio de 2007

Utilizan a la ONU para provocar otra guerra

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó, este 30 de mayo de 2007, la resolución 1757 mediante la cual crea un tribunal especial que se encargará del atentado que costara la vida al ex primer ministro libanés Rafic Hariri así como de cualquier otro atentado político ligado a ese hecho que se haya cometido entre el 1º de octubre de 2004 y el 12 de diciembre de 2005. La resolución fue adoptada al cabo de largos debates y de importantes presiones ejercidas sobre los Estados miembros del Consejo. El resultado de la votación fue de 10 votos a favor y 5 abstenciones (China, la Federación Rusa, África del Sur, Indonesia y Qatar). Varios Estados expresaron su oposición a dicha resolución por considerarla inaplicable.

Como subrayó el embajador chino Guangya Wang (Chine), esta resolución sienta un precedente que resta credibilidad al Consejo de Seguridad de la ONU y socava su autoridad. El embajador de Sudáfrica, Dumisani Kumalo, observó por su parte que el Consejo de Seguridad está alterando el derecho internacional y politizándolo.

Para comprender este hecho, se hace necesario volver atrás en el tiempo. El 14 de febrero de 2005, Rafic Hariri era asesinado en Beirut. Según los primeros datos recogidos, el atentado exigió la utilización de medios altamente sofisticados y los investigadores libaneses no tenían ni la formación ni los medios materiales necesarios para continuar sus investigaciones. El presidente francés Jacques Chirac fue el primero en pedir que la comunidad internacional proporcionara al Líbano una ayuda judicial capaz de aclarar la verdad sobre el crimen. El presidente libanés Emile Lahud estuvo inmediatamente de acuerdo. El Consejo de Seguridad comenzó por enviar una misión de evaluación, que comprobó la omnipresencia de los servicios sirios en el Líbano y la duda que ello implicaba en cuanto a la independencia de los investigadores libaneses [1]. El Consejo creó después una misión de ayuda a la justicia libanesa.

Sin embargo, el jefe de esa misión de ayuda, el alemán Detlev Mehlis, se convirtió rápidamente en un fiscal acusador. Hasta se hacía llamar «fiscal Mehlis», alimentando así la confusión entre su antiguo cargo en Alemania y sus funciones como jefe de la misión. Luego se pudo comprobar que desde hacía mucho Mehlis, quien hizo todo lo posible por acusar a Siria, mantenía estrechos vínculos con las autoridades estadounidenses. Mehlis basó su investigación en declaraciones de testigos dudosos que resultaron haber sido remunerados por Saad Hariri (hijo del difunto) o por Rifaat El-Assad (un tío del actual presidente sirio que se puso al servicio de la CIA). En definitiva, Mehlis tuvo que salir de escena [2] y ser reemplazado por el belga Serge Brammertz sin haber aclarado el caso.

Poco a poco, la misión de ayuda empezó a considerarse como una misión investigadora, volviéndose autónoma en cuanto a la justicia libanesa, a la que se suponía que debía prestar ayuda. Después, se empezó a hablar de un tribunal internacional especial que se encargaría de aprobar la investigación de aquella misión, proceder que resulta muy extraño dado que nadie mencionó nunca que esos asesinatos hayan sido cometidos en el contexto de una guerra entre dos Estados ni que tuviesen entonces que someterse a una jurisdicción internacional. Nadie puso tampoco en duda la capacidad del Líbano para hacer funcionar sus propios tribunales ni se insinuó que habría que prestarle ayuda que se encargara de hacer justicia. No se presentó tampoco ningún argumento que justificara la creación de ese tribunal especial, lo cual equivale a reconocer que los móviles de su creación son inconfesables.

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