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miércoles, 12 de septiembre de 2007

La servidumbre que no mancha

Mauricio Aira

Ya lo había sentenciado Cicerón, Seamos esclavos de las Leyes para poder ser libres. Y si en todos los pueblos de la tierra se acepta que de la fuerza nace el derecho (Bismarck) en Bolivia no tan solo que no lo aceptamos sino que hasta lo repudiamos y las propias autoridades del poder constituído incitan a su desacato.

De los muchos y nuevos fallos que comete la Administración y que van poco a poco restándole credibilidad y la autoridad debida se cuenta la de incitar al desacato de la sentencia de la Corte Chuquisaqueña que restituyó al debate de la Asamblea la capitalidad plena. Son varias las voces dentro del Gobierno que llevan a desoír lo ordenado por la autoridad judicial. El portavoz de la Presidencia calificó de ilegal el fallo. “La Asamblea no debe respetar esa determinación y continuar consolidando los acuerdos en este plazo de 30 dias”. El funcionario Mauricio Ochoa aseguró que la Corte no tiene competencia porque la Constituyente es originaria y el poder judicial no puede intervenir, “está mostrando la parcialidad de los jueces para impedir el desarrollo de la Asamblea”.

La Corte determinó la vulneración de derechos y garantías en la sesión del 15 de agosto “no se respetó el debido proceso, resolviendo por ello procedente el amparo que presentó el Comité Interinstitucional restituyendo el tema de la capitalidad en el foro”, Sacha Llorenti viceministro de Movimientos Sociales dijo que “instituciones de La Paz harán ejercer su derecho”, dirigentes del MAS rechazaron la resolución de la Corte, acusando de prevaricato a los vocales, el ministro Walker San Miguel “el fallo carecía de un principio elemental jurídico, que es la imparcialidad porque cedieron a la presión popular”, y la presidenta Silvia Lazarte y su vice Roberto Aguilar desconocieron el fallo judicial y aseguraron que no cambiarán la resolución de mantener fuera de la agenda la capitalidad. “Como presidente de la Asamblea no voy a anular ni tampoco voy a hacer que se reconsidere la resolución. La plenaria la aprobó y será la plenaria que debe ratificar o anular. El fallo nació muerto porque no tiene ninguna validez jurídica, sino que los jueces están siendo pasibles a un juicio que será tramitado ante la Corte Suprema” En realidad Lazarte repitió exactamente los argumentos ofrecidos por el Alcalde Juan del Granado mientras que Marco Carrillo vocero de los masistas dentro de la Constituyente, reiteró desacatar lo resuelto por la Corte “la Asamblea es soberana y no está sometida a ningún poder constituído”. Ante la cadena de desobediencia a la Justicia los líderes de la oposición en el Congreso dijeron que “es una invitación a no acatar los fallos de la justicia sin respeto a las normas vigentes” el desacato y el desconocimiento al Tribunal Constitucional son actitudes “temerarias en contra de la preservación de la democracia”.

Cuánta razón tuvo Heráclito al recomendar “con tanto ardor deben los ciudadanos pelear por la defensa de las Leyes, como por la de sus fronteras, no siendo menos necesarias aquellas que éstas para la conservación de una ciudad”. En efecto debemos estar sujetos a la suave servidumbre de la Ley, la única que no envilece ni mancilla la dignidad humana. Por lo anterior oportuno recordar que desacato es un delito que consiste en calumniar, injuriar, amenazar o insultar a una autoridad en ejercicio de sus funciones, entraña una ofensa moral al principio de autoridad, encarnado en los jueces de la Corte Chuquisaqueña, el desconocimiento de la dignidad de los jueces y que la jurisprudencia interpreta dentro de los delitos que atacan la seguridad interior del Estado, más allá del mero delito privado para convertirse en un delito público con todas las consecuencias que ello comporta.

El jurista tipifica el desacato como utilizado por los regímenes dictatoriales y totalitarios, como una de sus más temibles armas para acallar toda disidencia o denuncia de sus atropellos y por ello algunos países lo eliminaron de sus códigos, aunque allí donde la democracia está bien asentada como Estados Unidos, Francia, el Reino Unido se contempla el desacato en su ordenamiento jurídico “contempt of court” para garantizar la acción judicial en defensa del poder judicial mismo.


Con la finalidad de asegurar la vigencia del estado de Derecho y al mismo tiempo preservar la majestad de la justicia, no queda otro camino que acatar la resolución de la Corte, el desacato y todas las acciones y los actores que conduzcan al mismo serán pasible de delito público.

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