como para no creer! que en pleno SXXI, un "padre de la Patria" senador por el MAS cuyo nombre no debiera ser mencionado ha propuesto implantar la tortura "para ciertos casos". no extraña porque es quién degolló perritos

Eugenio Rojas, Senador del MAS por La Paz, propuso esta semana legalizar la práctica de la tortura para casos “especiales”, en los que supuestos “antisociales” se nieguen a revelar los nombres de sus cómplices o los móviles de sus crímenes.

Las palabras de algunos de los integrantes del Gobierno se salen de toda lógica, sobre todo con el pasado reciente ocurrido en Bolivia y América Latina en los años 70 y 80. Querer revivir el terrorismo de estado para quitar el “miedo” a la población, causa más miedo aún. Todavía están frescos los ejemplos en Colombia o en España a principios en los 80, en los que se combatía el terror con terror. Pero más fresca y cercana está la herencia de Klaus Barbie, maestro de las labores de inteligencia y de tortura, seguramente aún en la retina de muchos.

El Senador Rojas, afín al grupo “Ponchos Rojos”, parece no haber leído o no querer recordar que esta semana se han cumplido 35 años del Golpe Militar de Rafael Videla en Argentina, quien a propósito está cumpliendo sentencia de cadena perpetua (ratificada el 22 de diciembre pasado). Parecería que no recuerda o no conoce los crímenes y brutalidades que se cometieron en lugares como la ESMA o el Garaje Olimpo de Buenos Aires en 1976, o las del Estadio Nacional en Santiago de Chile en 1973.

Podría documentarse acerca del legado de Barbie, nazi que fue responsable de la desaparición y tortura de miles de personas, o podría recordar que en 1980 hubo en Bolivia un grupo paramilitar llamado Los Novios de la Muerte, en el que participaron terroristas de ultraderecha alemanes, italianos, franceses, suizos, argentinos, uruguayos, belgas y sobre todo bolivianos, que utilizaban las armas y la tortura en “casos extremos” como él mismo propone.

Parece increíble que el más importante éxito que podría atribuírsele al gobierno de izquierda la UDP a principios de los 80 (aunque quizás sea una concesión excesiva) sea la abolición de estos grupos de ultraderecha que sembraron el miedo y persiguieron a quienes se supone que hoy son predecesores del MAS.

Y por si fuera poco, dice esto con todo el revuelo y dudas suscitadas por parte de la Policía y la Felcn en el caso Sanabria, lo que invita al ciudadano a pensar como acertadamente lo hace el analista Diego Ayo, sobre la inacabada modernización institucional de la Policía, o la activista María Galindo, quien demuestra la pertinencia de adelgazar dicho ente quitando atribuciones como las de identificación, tránsito, administración penitenciaria o violencia doméstica en beneficio de instituciones más pertinentes.

La descomposición policial será un agravante pero el meollo del asunto radica en que la tortura es una medida absolutamente inaceptable. Sería bueno que nuestro Senador le dé un vistazo también a la Convención sobre la Tortura de Naciones Unidas (ratificada por Bolivia en 1999), concretamente al Artículo 2, que indica que: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

El plantear una ley en la que, sin juicio o causa justa demostrada ante tribunales, es decir, con acusaciones deliberadas y muchas veces infundadas se veje, humille y mortifique cruelmente a un ciudadano porque “quizás sepa algo”, es sencillamente un despropósito más cercano a una dictadura fascista que a un gobierno “democrático y de izquierda”. Así, entre comillas. 
 
El autor tiene estudios en Administración de Industrias Culturales y Desarrollo Económico Local