"Quiero decirles que no hay ninguna persecución política", dijo el mandatario ante los embajadores de la ONU acreditados en Bolivia, que le visitaron para el saludo protocolar de principios de año.
Morales pidió a los diplomáticos hacer un seguimiento de los casos y de la documentación que supuestamente implica a los dirigentes opositores, y que le hagan conocer si "algún juez o fiscal está operando políticamente", para que sean sancionados.
La representación de la ONU en Bolivia hizo su petición de procesos imparciales y transparentes en un comunicado en el que destacó que así los ciudadanos confiarán en que el Gobierno y la justicia "actúan con eficacia y respeto por los derechos humanos".
La oposición ha denunciado que Morales utiliza a jueces y fiscales serviles para anularla políticamente y sacar de sus cargos a los adversarios del mandatario que le ganaron en las urnas, con incesantes denuncias de supuesta corrupción que ellos rechazan.
Morales subrayó que también están presos por corrupción once exalcaldes de su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS), así como el expresidente del Senado y de la petrolera estatal YPFB, Santos Ramírez, hombre fuerte del primer gobierno del mandatario, condenado a doce años de cárcel.
El gobernador destituido del departamento del Beni (noreste), el opositor Ernesto Suárez, reiteró la denuncia de persecución en enero a embajadores de la Unión Europea y la oficina de la ONU en La Paz.
Suárez fue suspendido en diciembre por supuesta corrupción y debe comparecer el próximo viernes 17 a una audiencia judicial que puede derivar en su detención.
Antes de Suárez, en 2010, fue destituido, también por denuncias oficialistas, el gobernador opositor de Tarija (sur), Mario Cossío, hoy refugiado político en Paraguay.
El gobernador de Santa Cruz (este), Ruben Costas, es el único de tres opositores regionales reelegidos en 2010 que sigue en su cargo, aunque enfrenta varias denuncias de partidarios de Morales, elegido por primera vez en 2005, reelegido en 2009 y aspirante a una segunda reelección en 2015.
También han sido suspendidos alcaldes opositores de varias ciudades importantes y está amenazado por lo mismo el de La Paz, Luis Revilla, mientras que varios dirigentes autonomistas han salido al exilio.
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