Quedan 14 días hasta el 21 de febrero, cuando se cumplirá el primer año de aquel referéndum, que a juicio de muchos, ha sido el más duro golpe que ha recibido el “proceso de cambio”, cuyos líderes no paran de repetir que se quedarán en el poder de manera indefinida.
Agrupaciones de ciudadanos, líderes de opinión, activistas de las redes sociales y también dirigentes políticos opositores, están alentando la movilización de grandes masas humanas en las diferentes capitales del país para ratificar los resultados de la consulta y defender la voluntad de popular que, según los impulsores de la iniciativa, pretenden pasar por alto los líderes del régimen gobernante, para quienes el referéndum debe ser anulado, porque sus resultados fueron distorsionados por lo que ellos llaman un engaño montado por el “cártel de la mentira”.
No hay duda que en este contexto, los ánimos tienden a caldearse y la clave está en bajar el tono del discurso, evitar las provocaciones y especialmente asumir una posición democrática, pues la libertad de expresión y de movilización es un derecho de todos los habitantes del territorio. Estas recomendaciones deben ser tomadas en cuenta sobre todo por los miembros del Gobierno, pues en los últimos días, funcionarios de alto nivel, incluidos algunos ministros, han estado promoviendo una suerte de contraofensiva de los que defienden el “NO”, algo que no sólo pretende desmotivar la participación en las manifestaciones, sino activar a los grupos de choque que siempre están dispuestos a aportar lo suyo.
Para el oficialismo, salir a las calles (a otra cosa que no sea la provocación), sería un grave error, pues ya sea para proclamar la cantaleta de la mentira, para poner de manifiesto sus diferentes estrategias reeleccionistas o impulsar el prorroguismo del presidente Morales, quedará claro que simplemente están tratando de tachar lo que se votó hace un año y violentar un pronunciamiento del pueblo soberano que se manifestó en el ejercicio pleno de su derecho, en esta modalidad de democracia participativa que ha sido impulsada con tanta vehemencia por el actual sistema.
En el peor de los casos, si el objetivo es incitar a la confrontación, el oficialismo no hará más que deteriorar aún más su imagen que está muy venida a menos, tal como lo manifiestan los propios líderes del régimen que no cesan de propalar la necesidad de mejorar la gestión y luchar contra la corrupción. Todo eso, sin mencionar las más recientes encuestas que reflejan rechazo a una nueva respostulación y altos niveles de desconfianza en las autoridades.
A las autoridades no les queda más que aceptar, respetar y brindar toda la seguridad necesaria para que la expresión ciudadana no sea coartada el 21 de febrero, puesto que cualquier acto contrario, se constituirá en una nueva mancha que además de empeorar la situación actual del proceso de cambio, tiende a complicar el futuro del oficialismo como primera opción política, algo que también está en riesgo.
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