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viernes, 15 de julio de 2011

sin respeto a la propiedad privada, sin la plena vigencia del Estado de Derecho, no habrá inversión. nadie puede asumir justicia por acción propia. sin embargo continúan las tomas de propiedad privada

El asalto a las instalaciones de la Mina Sayaquira, acto vandálico que incluyó —según fuentes consultadas por este medio— el saqueo de importantes cantidades de estaño, robo de herramientas de trabajo, maquinaria, ataque sobre las pertenencias de los trabajadores, invasión a los hogares, hurto de bienes, perpetrado por aproximadamente 200 campesinos de la comunidad Sayaquira, de la Quinta sección de Ichoca de la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, constituye, además de una serie de delitos de orden público sancionados con pena privativa de libertad, un atentado contra la seguridad jurídica. Un golpe a los principios, valores y derechos que garantiza, o dice garantizar, la Constitución Política del Estado.
La comunidad campesina de la localidad, por más que considere que en la explotación minera existan irregularidades, daños al medio ambiente u otros —aspectos que tendrán que ser probados mediante los mecanismos técnicos y jurídicos habilitados al efecto—, no puede ingresar, avasallar y ultrajar la propiedad privada. No existe justificativo legal, administrativo, indígena originario, ancestral u otros que legitimen estas acciones. La ley no guarda cabida o perdón a sucesos de esta naturaleza, en esencia criminales, delictivos, transgresores de los derechos de otros.
Las pérdidas económicas sufridas como consecuencia de este hecho están valoradas en cientos de miles de dólares americanos. ¿Quién asumirá estos daños y perjuicios? ¿El Estado? ¿La comunidad? ¿Nadie? Alguien deberá ser responsable de resarcir a la compañía, a los empleados, a las familias que han sido víctimas de esta opresión.
Guste o no a la población, la Empresa Minera Barrosquira (EMBAS) explota el yacimiento bajo una licencia transitoria otorgada por las autoridades de turno, lo que legitima y otorga plena legalidad al emprendimiento económico, el que se viene desarrollando desde hace 30 años en el territorio nacional.
Es importante señalar que la propiedad del suelo y del subsuelo, donde se encuentra la totalidad de los minerales, es de propiedad inalienable e imprescriptible del Estado Boliviano, siendo competencia de este último, a través de las instituciones que lo representan, otorgar y/o revocar las licencias de explotación sobre los yacimientos, existiendo para ello procedimientos legales estipulados por la normativa legal vigente. En consecuencia, entre tanto las actividades de EMBAS se hallen amparadas bajo un instrumento legal, es obligación del Gobierno otorgar el socorro correspondiente, a través de las fuerzas del orden, conducentes a lograr el respeto a la explotación de estaño. Lo contrario sería fomentar actividades clandestinas. Ilícitas.
Se desconoce si los campesinos, mediante esta medida de presión, en realidad una embestida, lograrán adueñarse de la Mina Sayaquiera. En esta nación todo es posible. Lo legal. Lo ilegal. Cierto es que ante los ojos de inversionistas, nacionales o extranjeros, Bolivia es todavía un país de riesgo. Un pueblo donde las inversiones pueden ser tomadas o arrebatadas en cualquier momento. (Tomado del diario La Prensa. Nota Editorial)

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