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lunes, 24 de octubre de 2011

los delitos no se negocian. le dijimos de frente al presidente Morales. ese juicio va a proseguir...aseguran los marchistas en declaración que les honra.


Dirigentes de la marcha y los diputados indígenas anunciaron que una vez se solucione el conflicto del Tipnis continuarán con sus demandas en la justicia boliviana y organismos internacionales en contra del Gobierno, a causa de la violenta intervención policial a la marcha en Yucumo el pasado 25 de septiembre, hasta que se conozca a los responsables que dieron la orden represiva.
"Estamos preparando una demanda internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la violencia que hemos sufrido cinco diputados y diputadas que hemos acompañado la marcha. Estamos preparando el informe y mandaremos a las instancias correspondientes, porque si presentamos aquí será archivado el documento", dijo el diputado del MAS Bienvenido Zacu a la ANF.
En la misma línea, el presidente del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), Rafael Quispe, sostuvo que presentará una denuncia por genocidio en contra de los ministros del presidente Evo Morales a causa de la represión en Yucumo, por lo que también exige al Gobierno reparar los daños físicos y psicológicos a los indígenas que fueron afectados por la policía, cuyos efectivos los maniataron y amordazaron con cinta adhesiva.
"Le dijimos de frente al presidente, los delitos no se negocian, los delitos no llegan al diálogo, ese juicio va a proseguir… Más bien que el presidente esté reparando los daños materiales, psíquicos y físicos que ha causado tal intervención a las mujeres a los niños y a las personas mayores. Si la justicia no prospera en Bolivia vamos acudir a las instancias internacionales", sostuvo.
El intervención policía en Yucumo le costó al gobierno de Evo Morales la renuncia de la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, el ministro de Gobierno, Sacha LLorenti, el Viceministro de Gobierno Marcos Farfán, la directora del Servicio Nacional de Migración, María René Quiroga y la suspensión del subcomandante de la Policía, Óscar Muñoz.

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