“los empresarios cruceños son los que más están ganando, más que con el modelo neoliberal. Después de derrotarlos políticamente, les dijimos: ‘Empresario que quiera trabajar con el Gobierno, bienvenido. El que no, se enfrentará con nosotros’”. La frase del ministro de Economía, Luis Arce, en el periódico El País (España), refleja la arrogancia del autoritarismo populista que gobierna Bolivia, con políticas erradas que han desperdiciado la mayor oportunidad de desarrollo de la historia. El poder embriaga. Cualquier empresario internacional que lea estas declaraciones quedará espantado por los términos militares (derrotas y enfrentamientos) con los cuales el ministro concibe su relación con el empresariado.
La supuesta derrota política se refiere al complot urdido por autoridades del Gobierno por el cual se acusó de supuesto terrorismo a líderes empresariales de Santa Cruz, en un caso plagado de irregularidades, chantajes y extorsiones, mediante el cual hasta hoy se continúa procesando a varios de estos directivos y manteniendo a otros bajo la amenaza permanente de incluirlos en estos procesos. La solución planteada por las autoridades como el vicepresidente Álvaro García Linera es que los empresarios sean habitantes pero no ciudadanos, es decir que trabajen en Bolivia, pero sin ninguna participación en la vida pública del país (ganen plata, pero no se metan con nosotros).
Por lo demás, no es cierto que Bolivia se haya desarrollado en los últimos años. Es verdad que ha ingresado mucho dinero generando un auge de consumo. Sin embargo, el crecimiento económico ha sido mediocre, un promedio del 5%, similar al que se tuvo en otros periodos de altos precios internacionales de las materias primas, y la producción del país está estancada. La casi totalidad de las exportaciones son primarias.
Básicamente, lo que estamos haciendo es consumir cada vez más rápido –sin reponer– las reservas de gas que recibió la gestión del MAS. En el campo de las políticas públicas, con más de $us 120.000 millones en nueve años, las necesidades básicas de la población –salud, educación, vivienda, saneamiento y empleos formales– siguen sin resolverse. ¿De qué modelo hablamos y de qué éxito se ufana el ministro?
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