Un año más ha transcurrido desde que en nuestro país se produjera el último intento de instauración de una dictadura militar y el hecho no ha pasado desapercibido para quienes consideran que mantener viva la memoria de las experiencias históricas, sobre todo de las más dolorosas, es importante para no cometer los mismos errores.
Sin embargo, y a pesar de lo lejanos que ya parecen esos hechos, y las circunstancias que los hicieron posibles, hay algo que pese al tiempo transcurrido no es todavía parte del pasado, sino que sigue pesando en la conciencia colectiva como una asignatura pendiente sin la que será imposible dar por concluido ese capítulo de la historia. Nos referimos a la persistente negativa de los actuales altos mandos militares que en un inadmisible acto de deslealtad con la democracia y de complicidad con sus antecesores, se niegan sistemáticamente a contribuir al esclarecimiento de los crímenes cometidos el 17 de julio y los días y meses posteriores.
El hermetismo con que aún se conservan en secreto los archivos que contienen información acerca de los operativos militares organizados para asesinar a líderes de la naciente democracia, entre los que se destacaba Marcelo Quiroga Santa Cruz, sigue siendo una cuenta pendiente que algún día tendrá que ser ajustada. Cuando llegue ese momento, no sólo los altos mandos militares tendrán que rendir cuentas por sus actos de encubrimiento, sino también quienes desde el Gobierno actual socapan esa actitud.
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