La presencia en Santa Cruz de Caroline Dwyer, madre del irlandés Michael Dwyer que fue ajusticiado el 16 de abril de 2009 junto con otros dos ciudadanos europeos, representa mucho más que el clamor de una madre que exige conocer la verdad de lo sucedido aquella fatídica madrugada.
Dwyer ha venido acompañada de dos representantes diplomáticos de su país a demandar que este caso pase a una instancia internacional, única capaz de llegar a un esclarecimiento total que puede comprometer seriamente a las más altas autoridades del gobierno boliviano.
Está demostrado por pericias científicas realizadas en Bolivia, en Hungría y en Irlanda, que lo de aquel día fue un asesinato a sangre fría cometido por elementos de la seguridad del Estado y se ha conocido que la muerte de Dwyer fue la más brutal, pues el irlandés agonizó durante varias horas, estuvo desangrándose mientras los esbirros del Ministerio de Gobierno plantaban sus pruebas y más tarde fue rematado en inmediaciones del aeropuerto Viru Viru.
Todo eso consta en el expediente internacional que se ha ido reuniendo en todos estos años y forma parte de las pruebas que han ido acumulando organismos como la ONU, representantes de la Unión Europea y otras entidades relacionadas con Derechos Humanos. Los trámites han sido impulsados en parte por la familia Dwyer en Irlanda y los allegados a Arpad Magyarosi, el húngaro que también pereció en el hotel Las Américas, pero igualmente existe interés del Parlamento Europeo y de las autoridades de ambas naciones involucradas y eso explica el viaje de dos funcionarios junto a Caroline Dwyer.
La llegada de estos visitantes no podía ser más oportuna, en momentos en que acaba de consumarse uno más de los abusos cometidos por el aparato “parajudicial” que decidió el traslado de varios de los acusados a La Paz y Beni, violando todas los procedimientos del debido proceso, algo que ya no causa extrañeza, pero que en los tribunales internacionales servirá para constar la existencia del terrorismo de estado en nuestro territorio.
Junto a estos incidentes también se han conocido nuevas declaraciones del exfiscal Marcelo Soza, quien ha sido constantemente descalificado por el Gobierno boliviano, pero no por el Consejo Nacional del Refugiado de Brasil (CONARE), entidad que acaba de extenderle un año más su condición de refugiado temporal en el vecino país y cuya decisión final no solo será una constatación de que en nuestro país no existe posibilidad de un juicio independiente, sino que todos los aportes del exhombre fuerte de la investigación del “caso terrorismo” pasarán a tener un estatus jurídico de mayor peso y podrán ser usados en un futuro juicio internacional.
Marcelo Soza, al igual que los abogados del Ministerio de Gobierno que son procesados por extorsión, han hecho revelaciones claves en este proceso y apuntan a los verdaderos responsables del montaje, al modo cómo procedieron y, como no hay crimen perfecto, a la forma cómo ellos mismos se han inculpado.
La llegada de estos visitantes no podía ser más oportuna, en momentos en que acaba de consumarse uno más de los abusos cometidos por el aparato 'parajudicial' que decidió el traslado de varios de los acusados a La Paz y Beni, violando todas los procedimientos del debido proceso, algo que ya no causa extrañeza, pero que en los tribunales internacionales servirá para constar la existencia del terrorismo de estado en nuestro territorio.
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