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jueves, 4 de septiembre de 2014

Ericka Brockmann menciona las cifras del costo superior a 15 millones de dólares gastados por EVO en propaganda electoral, sin tomar en cuenta la frenética agenda de viajes y otros. menciona 5 de las 7 prohibiciones que en otras latitudes respeta el oficialismo: 1. no inaugurar obras ni eventos propagandísticos. 2. no participar en TV. 3. no utilizar bienes del Estado. 4. no modificar el presupuesto del item. 5. no mencionar a sus oponentes. claro es un IDEAL imposible de alcanzar con EVO

Comparativamente a periodos previos, desde el 14 de julio, fecha de inicio oficial de la campaña electoral, Evo Morales habría triplicado la entrega de obras y otros bienes públicos. De acuerdo a la investigación realizada por El Deber (Enlaces Bolivia1/9/201), el proselitismo/gestión presidencial se tradujo en la entrega de 44 obras en los nueve departamentos. Como se acostumbra desde hace ocho años, ello implicó una frenética agenda de viajes, la organización de concentraciones masivas, la infaltable transmisión en vivo por la red de medios estatales y el consiguiente spot o jingle publicitario institucional encargado de diseminar la buena nueva al país a través de todo el espectro de medios masivos de comunicación. Según el cálculo conservador de Carlos Börth (Diálogo/Panamericana), el costo de la propaganda institucional oficialista difundida en cinco redes televisivas en lo que va del año, habría superado los 15 millones de dólares americanos (promedio 4 dólares/segundo en TV), incluyendo la duplicada frecuencia publicitaria de los últimos dos meses. Esta cifra no contempla el millón de dólares gastado en una semana de propaganda negativa, con la intención de crucificar a Doria Medina bajo el mote de “vende patria”.



diputada y senadora, funcionaria pública de alto rango, estudiosa del tema político Erika Brockmann
Ninguno de los extremos arriba señalados hubiera sido posible, si Bolivia hubiese adoptado la normativa recomendada y vigente en países que se precian de preservar la institucionalidad democrática en casos de reelección presidencial continua.
Ésta es puntillosa al diferenciar la gestión pública de la dinámica de campaña y de generar condiciones mínimas de igualdad en la competencia electoral.
Es el caso de las siete prohibiciones que, conforme a la Ley de Garantías, el presidente/candidato J.M Santos de Colombia tuvo que cumplir durante algo más de cinco meses antes del día de los comicios. Menciono cinco. Desde la oficialización de su candidatura, todo Candidato/Presidente, está prohibido de: 1) inaugurar obras públicas ni estar en eventos donde se entreguen recursos o bienes públicos; 2) participar en programas de televisión estatal o en eventos que vayan a ser transmitidos por los canales estatales, restricción también aplicable a la propaganda institucional gubernamental; 3) utilizar bienes, ni recursos públicos para la campaña electoral, excepto los relativos a su seguridad personal; 4) introducir modificaciones al presupuesto de publicidad gubernamental y 5) referirse o aludir personalmente a los candidatos presidenciales de la oposición, hecho que se convierte en el mejor antídoto a la demagogia discursiva y descalificación de los adversarios.
En Bolivia, de manera deliberada, la norma vigente desdibuja los límites de la gestión y de la campaña expresada, ésta última en una abrumadora e inédita avalancha propagandística. Así, mientras el Gobierno dispara sus municiones mediante sofisticados y costosos misiles; los opositores, lo harán con arcabuz, sin recursos y por apenas un mes en un hiper saturado espectro.
Ahora bien, si usted, como lector aún no sufre los efectos adormecedores de tanta propaganda en tiempos de bonanza y concede el beneficio de la duda al inicial párrafo de esta nota, sugiero aquilate el alcance de las faltas/ delitos electorales que, Evo Morales y el MAS habrían cometido de estar vigente las referidas prohibiciones. Reflexione sobre las implicaciones de estos y otros excesos a los que nos acostumbramos en tiempos de autocracias electivas. Esos que, una oposición débil y arrinconada no pudo y ni podrá limitar, mientras gana terreno la tolerancia y el perverso efecto del cohecho electoral y la gran piñata prebendal.
La autora es psicóloga, cientista política, exparlamentaria.

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