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lunes, 8 de noviembre de 2010

con toda energía la SIP ha denunciado que en Bolivia los medios están sufriendo los mayores riesgos contra la libertad. LT


La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) consideró ayer que los medios de comunicación sufren el mayor riesgo contra la libertad de expresión desde que se instaló el régimen democrático en Bolivia, hace 28 años. Autoridades del Gobierno de Evo Morales minimizaron el informe.

En la evaluación anual sobre la situación de la libertad de expresión en Bolivia y otras naciones de América, la SIP afirmó, durante su 66 Asamblea en la ciudad mexicana de Mérida, que la reciente Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación aprobada el 8 de octubre pasado ha empañado la imagen demócrata del presidente Evo Morales.

La organización indicó que esta ley es “noble y justa”, pero criticó que “tramposamente” se hayan incorporado dos artículos en la norma que restringen la libertad de expresión.

Hizo referencia al artículo 16 de la norma que establece sanciones económicas e incluso el cierre de medios que publiquen lo que el Gobierno considere “ideas racistas y discriminatorias” y el 23 fija que los periodistas y dueños de medios acusados de racismo no podrán acogerse a fuero alguno al ser procesados.

La ley “no podrá alcanzar su verdadera dimensión ni sus fines sociales y humanos si establece la censura previa mediante la imposición de severos castigos contra el derecho público a saber”, según el informe de la SIP.

La organización lamentó que ni el presidente Morales ni el vicepresidente Álvaro García Linera hayan aceptado las peticiones de las organizaciones de periodistas para retirar estos artículos contrarios a la libertad de expresión.

La SIP denunció además “una guerra sucia que no ha hecho más que empezar” liderada por medios gubernamentales que han elaborado un “dudoso ranking” sobre los medios más racistas.

El informe añade que las consecuencias de esta “ruin y perversa campaña están por verse”.

Asimismo, la SIP destacó la “valiente” e “histórica” movilización de la prensa boliviana en contra de esta legislación al acordar publicar todas sus portadas durante un día con el único titular de "sin libertad de expresión no hay democracia".

Según la SIP, entre marzo y octubre se ha registrado en Bolivia 99 agresiones a periodistas y 62 a medios de comunicación, incluidos los estatales. Reacciones Para el fiscal de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, la posición de la SIP refuerza la cruzada de recolección de firmas que busca la derogación del artículo 16 de la ley antirracista y la modificación del 23, porque coartan la libertad de expresión.

Además, manifestó que durante el Gobierno de Morales la libertad de expresión se ha visto perjudicada no sólo por la incorporación de los dos puntos criticados por el gremio de la prensa, sino también por otras normas que regulan el trabajo de los medios de comunicación y de los periodistas.

En contraposición, el director de Descolonización, dependiente del Ministerio de Culturas, Idon Chivi, dijo que el informe de la SIP_es un comunicado más, porque no tiene carácter vinculante ni formal para el Gobierno central, sino que sólo refleja una opinión, como de cualquier otra institución nacional o externa.

Por su lado, la diputada del MAS Betty Tejada opinó que los momentos más críticos para la libertad de prensa se registraron en los gobiernos dictatoriales y no en el régimen de Evo Morales, que lidera la refundación del Estado, pero que de ninguna manera coarta la libertad de expresión a través normas.

Según Tejada, en pleno proceso de refundación del Estado hay diferentes visiones, pero tiene que prevalecer la defensa de cualquier libertad, y no sólo la de los medios de comunicación.

La diputada masista convocó a los diferentes gremios de periodismo a que participen en la elaboración del reglamento para la ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que debe ser aprobado en dos meses.

La declaración

La SIP advirte que se observa un ánimo de controlar a los medios de comunicación por parte de los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador e incluso Argentina, con la promoción de medidas o normas que afectan o amenazan la libertad de expresión.

Critican presión y control

La Sociedad Interamericana de Prensa denunció también la actitud del presidente venezolano, Hugo Chávez, de querer controlar las ideas e imponer el silencio a la prensa de su país, en lo que considera “flagrantes violaciones” contra la libertad de expresión.

Según el informe de la SIP, Chávez expropia ilegalmente numerosas empresas “para su depredación” y en este proceso se apoya en el silencio de los medios y por ello pretende “expropiar el derecho a la libertad de expresión y de información a los venezolanos”.

En su informe sobre Argentina, la SIP criticó la actitud de los sectores oficiales del país de “desacreditar y restar credibilidad” a la prensa y aseguró que el año será recordado como uno de los más complejos y tensos para los medios de comunicación.

En Ecuador, según el informe de la SIP, la presión del Gobierno sobre los medios de comunicación aumentó tras la sublevación armada que retuvo al presidente Rafael Correa el pasado 30 de septiembre.

MÉXICO

En su informe sobre el país anfitrión de la Asamblea General, la SIP constató que la ola de violencia En México y las agresiones a periodistas han causado un incremento de la autocensura en los medios de comunicación.

La SIP aseguró que los reporteros “no tienen garantías para hacer su trabajo”, en tanto que el Gobierno “no ha frenado la impunidad de los crímenes”.

La SIP afirmó que desde 2000 han sido asesinados 65 comunicadores en México.

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