ante la represión del MAS contra autoridades elegidas legalmente en varios distritos se ha producido una reacción en cadena contra Evo. va en aumento

La oposición trasladó sus protestas en contra del gobierno de Evo Morales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por supuesta violación de la democracia en el país y por la cacería a políticos que estaría protagonizando, al citar la condena a tres años de prisión de René Joaquino, ex alcalde de Potosí. En contraste, el gubernamental Movimiento Al Socialismo deslindó responsabilidad alguna sobre esas acusaciones.

El presidente de la bancada de Convergencia Nacional (CN) en la Cámara de Diputados, Mauricio Muñoz, informó que ayer se interpuso ante CIDH en Washington, un recurso de amparo para evitar que entre en vigencia la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación.

“Como Convergencia Nacional, a través de una parlamentaria nuestra (diputado Norma Piérola) hemos presentado en los Estados Unidos, en Washington (DC), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para dejar en statu quo la aplicación de la ley mordaza, la ley antirracismo, para dejar también en statu quo la ley corta de designación de autoridades judiciales y puedan suspenderse todos los procesos persecutorios que se realizan en el país contra los líderes de la oposición, esperamos que nuestra demanda sea atendida”, puntualizó.

De esta forma, confirmó que la oposición trabajaría en dos frentes ante la coyuntura política actual. El primero, es asimilar la virtual destitución de René Joaquino; y el segundo, para dar fuerza a la denuncia de intento de derrocamiento al gobierno departamental de Mario Cossío en Tarija.

Por su lado, el senador Roger Pinto, también de Convergencia Nacional, aseveró que este proceder es normal en el MAS, que busca a toda costa derrocar a los opositores. “Los bolivianos no nos sorprendemos por lo que pasó con Joaquino, pero el Senado no puede cruzarse de brazos cuando, al mero estilo ‘stalinista’, se usa la justicia para destruir a la oposición”.

Entretanto, el oficialismo, a través del ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, en rueda de prensa, deslindó cualquier responsabilidad en la sentencia de tres años de prisión a Joaquino emitida ayer por un tribunal de Potosí.

“Acaso nosotros nos hemos inventado la compra de vehículos, estas decisiones las ha tomado el Órgano Judicial en el marco de la investigación y son los autoridades judiciales las que determinaron esa sentencia”, aclaró.

A su vez, la jefa de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Emiliana Aiza, desmintió que se tratará de una persecución política por lo increpó a Joaquino cumplir con la ley pues, a su juicio, estaría en su conciencia el haber comprado autos “chutos”, para Bolivia.