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miércoles, 25 de julio de 2012

Waldo Torres con precisión está señalando hechos que le llevan a preguntar. en qué Estado vivimos? ahuyenta la inversión y gratifica el delito


En decisión irresponsable, el Gobierno no condena la tortura ni el secuestro, y al contrario, son tolerados y asumidos como legítimos vectores de negociación. El Gobernador de Potosí, la autoridad llamada a cumplir y hacer cumplir la ley, pidió no juzgar a los comunarios porque "no han cometido ningún delito" ¿En qué Estado vivimos? Si bien es justificado el reclamo de los mineros pidiendo medios de subsistencia, lo que corresponde es definir una política minera compatible con los tiempos actuales, pero es inconcebible que la actividad minera esté condicionada a circunstancias socio laborales oportunistas que vulneran derechos preconstituidos de inversores y trabajadores. 
El Gobierno, los cooperativistas y los comunarios hacen solo la parte fácil: repartir lo que otro descubrió y trabajó, ahuyentando la inversión por la inestabilidad ante la amenaza permanente de la reestatización. Mallku Khota es una mina con minerales de baja ley que debe trabajarse a cielo abierto. ¿Tiene el Estado capacidad para explotarlo? Sin inversiones privadas no hay crecimiento ni desarrollo económico. Sin inversión no hay empleo, y sin empleo la miseria permanece. Ésta es nuestra desgracia recurrente. Estos enormes daños que el “Gobierno plurinacional” se autoinflige, en realidad los inflige a todos los bolivianos.
 En el tema minero, las relaciones de poder han excedido el control del Gobierno y los desbordes repetidos denotan el desfallecimiento del poder del Estado. Paradójicamente, su autoritarismo contrasta con su pérdida de autoridad, consecuencia de sus propios desatinos. El Gobierno carece de capacidad para otorgar las garantías constitucionales propias del Estado de Derecho y al permitir salidas políticas fáciles a través de las reversiones, incentiva mayores avasallamientos futuros, ya que es fácil conseguir demandas por medio del secuestro y la presión. 
En este contexto, falta el Estado, representado por el Ejecutivo y los gobernadores, los que ignoran el orden legal y estamos en falta los ciudadanos, por mirar impasivos que en “nuestra representación” se destruya el país. Las comunidades y las cooperativas mineras actúan por la indolencia y permisión de quienes gobiernan “escuchando al pueblo”.
 La amenaza futura es la anarquía proveniente de la apología al delito que se hace, al negarse a sancionar delitos comunes tipificados, lo que les invita a seguir secuestrando y torturando impunemente. El Gobierno al actuar irresponsablemente, es promotor indirecto de la inseguridad y de la carencia de las garantías jurídicas que está obligado a prestar, por ser compromisos del Estado boliviano y no del Gobierno en función. Los bolivianos sufrimos así, el síndrome anárquico-autoritario, que nos reclama encontrar la fórmula que pueda salvarnos tanto del defecto como del exceso del poder.

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