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viernes, 2 de noviembre de 2012

Juan León Cornejo analiza casos en que la impunidad ha marcado detrás de lo delincuencial mostrando su desprecio por la vida y los valores del hombre. aguda llamada de atención al Ministerio Público.

El tema hoy es obligado, lamentablemente, por algo recurrente. El atentado contra radio Popular de Yacuiba en el que fueron heridos su director y una operadora y se destruyó sus estudios. Es ocioso entrar en detalles del atentado. Pero algunos de esos detalles obligan a analizar el caso, sumamente grave, desde una óptica diferente a la de otros casos. El primero es que se trata sin duda de un acto terrorista. Quienes lo perpetraron actuaron para sembrar temor no sólo a los periodistas. Atacar como atacaron, a la luz del día y cuando centenares de personas escuchaban esa radio buscaba provocar miedo. No sólo matar. Pudieron hacerlo de dos tiros si ese era el objetivo. Se intentó quemarlos vivos. Más allá de los autores materiales (seguramente sicarios), el asunto hoy es identificar a quién o a quiénes les interesa mandar ese mensaje. A qué fines beneficia. Un segundo detalle es la forma de actuar de los terroristas. El rostro cubierto por un barbijo es imposible que esconda a alguien. Más aún donde hay poca población. Los vecinos son casi todos conocidos. La poca importancia que le dieron a ese hecho podría entenderse como la seguridad que tenían de que podrán eludir el castigo, de ser descubiertos. Una suerte de garantía de impunidad. ¿Quién o de qué manera y cómo podría garantizarles esa impunidad o una pena tan leve que justifique la ganancia que les generó matar? Está, además, la aparición de un nuevo actor. Por lo general y más allá de situaciones coyunturales, la pugna fue casi siempre entre el poder político y la prensa. La fiscalización periodística es piedra en el zapato de gobernantes de todo signo e ideología. En Bolivia y en todas partes. Dictaduras de derecha, totalitarismos de izquierda o regímenes populistas persiguen por igual a los medios que no les son afines. En Yacuiba, los primeros indicios apuntan a intereses económicos delincuenciales. ¿Tendrán ya tal poder como para actuar a rostro descubierto para acallar a un medio y sembrar terror? ¿De dónde nace ese poder? Difícil creer que el contrabando genere ese nivel de poder. Si es así, ¿será posible suponer que de por medio está el narcotráfico, como en México o en Colombia? Por eso, el atentado de Yacuiba tiene particular importancia. La impunidad de otros casos (como la muerte de Carlos Quispe en el 2008 en una radio de Pucarani por una pelea entre bandos rivales por el control municipal o el atentado contra una estación de TV en Yacuiba hace cuatro años por cuestiones políticas) alienta la suposición de que en Bolivia es posible el crimen sin castigo. Peor aún si se insiste en estigmatizar el trabajo de la prensa y los periodistas cuando en el escenario aparece un nuevo actor, el poder delincuencial, que en otras partes ha probado ya su desprecio a la vida y los valores humanos.

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