Soza, de subordinado inclaudicable del régimen pasó a ser “perseguido político”. La trama del exfiscal Soza se está desenvolviendo en forma invertida a lo programado por el poder por la corrosión interna de sus militantes incrustados en la administración de justicia, lo que hizo fracasar el objetivo inicial proyectado de crear miedo mediante la manipulación de las leyes. El Gobierno está frustrado y desilusionado. Los acusados son ahora los acusadores.
No obstante, no hay que confundir el delito supuestamente “terrorista” con el delincuente extorsionador. Los hechos delictivos no pueden terminar sino mediante el sobreseimiento, la extinción de la acción penal por ausencia o insuficiencia de evidencias, por sentencia condenatoria o porque se han excedido los plazos procesales. Con respecto al asilo solicitado por Soza, más allá de su culpabilidad o inocencia, será aceptado por el Brasil, lo que se entenderá por la baja credibilidad internacional del Gobierno y porque el Congreso brasileño es repulsivo al Gobierno del Sr. Morales motivado por la reversión de Petrobras, la revocación del contrato con OAS, la violación de los derechos humanos de explotadores de oro, la negativa de conceder salvoconducto a Pinto y su tradición solidaria. El Brasil tiene derecho de conceder asilo y no está obligado a declarar por qué lo hace, ya que solo le corresponde a él la calificación de la naturaleza del delito, o de los motivos de la persecución. Recordemos además, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece: “Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”. Es decir, todo delito común puede ser político si se actúa por móviles políticos. Esto significa que solo con sentencia condenatoria ejecutoriada en Bolivia se podrá pedir en el futuro la extradición del exfiscal.
El otorgamiento del asilo será una vez más, un claro reconocimiento internacional de la ausencia del Estado de Derecho, de que la ley está manipulada, de la convicción del déficit democrático del país y de que la seudodemocracia boliviana es consustancial con su naturaleza autoritaria y persecutoria.
Y esto no ha terminado, cuanto más se sepa del caso más aflorarán actuaciones que mezclen “inmoralidad” y “temeridad”. La corrupción y la falta de mecanismos para prevenirla seguirán marcando los abusos de poder, y aunque se atribuya la responsabilidad a los actores institucionales, es el Gobierno el fraudulento al ser el responsable del desencuentro entre la sociedad y la justicia, por el fuerte retroceso de la Democracia y porque una vez más se dinamita los Derechos Humanos.
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