Prisión perpetua

La propuesta del Vicepresidente no puede ser aceptada por quienes nos adherimos, sin ningún viso de oportunismo, a la defensa de los derechos humanos.

A contramano de los avances civilizatorios en defensa de los derechos humanos, pero de manera funcional a la búsqueda de apoyo ciudadano para, entre otros objetivos, prolongarse en el ejercicio del poder, el Vicepresidente del Estado ha instruido la elaboración de un proyecto de ley para reformar el parágrafo II del artículo 118 de la Constitución Política del Estado (CPE), que establece que la “máxima sanción penal será de 30 años de privación de libertad, sin derecho a indulto”, para agregar la pena de prisión perpetua a quienes violen a niños y estos pierdan la vida.

Además de ser una propuesta que obligaría al Estado boliviano a denunciar algunos tratados internacionales por los cuales el país se comprometió a no endurecer las sanciones previstas al suscribirlos, violenta toda concepción moderna de derecho penal y sólo responde a la constatación de que, ante la ineficiencia de las instituciones estatales, fundamentalmente la Policía y la administración de justicia, han reaparecido peligrosamente sentimientos atávicos de aplicar la justicia por mano propia.

Así lo demuestran los salvajes linchamientos sucedidos en los últimos meses, en los que la tortura y asesinato del presunto delincuente han sido convertidos en una especie de espectáculo público, incluyendo, además de gente adulta de ambos sexos, a niños.

Además, hay una generalizada, pero no por ello equivocada, percepción de que el rigor de las penas permitiría disminuir la comisión de delitos. Empero, la realidad muestra que no es así. En los últimos años se han reformado una serie de leyes penales endureciendo las sanciones sin que ello haya disminuido los índices de violencia. El ejemplo más estremecedor es el de la violencia doméstica, campo en el que el aumento de la comisión del delito y la reincidencia es permanente sin que el Estado pueda hacer cumplir la norma.
En ese escenario se esperaría que el papel de los estadistas, además de cumplir y hacer cumplir la CPE y las leyes, sea el de orientar a la gente hacia el sendero del desarrollo humano, uno de cuyos componentes fundamentales es la pacífica convivencia, el respeto pleno a los derechos humanos y entidades estatales que los garanticen, y no aprovechar sentimientos atávicos que, al contrario, los violentan, desestructurando lazos vitales de la sociedad.

Además, se debe recordar que esta política insana de endurecer penas responde a corrientes autoritarias, negadoras del libre arbitrio. No ha habido dictadura que no desee implantar la prisión perpetua o la pena de muerte, y en 2002, los candidatos de la entonces Acción Democrática Nacionalista (ADN) incluyeron esta última en su plan de gobierno creyendo que de esa manera obtendrían más votos.

Es sobre lo señalado que la propuesta del Vicepresidente del Estado no puede ser aceptada por quienes nos adherimos, sin ningún viso de oportunismo, a la defensa de los derechos humanos, cimiento fundamental para la construcción de una sociedad solidaria, democrática e inclusiva, para lo cual habrá que impulsar debates que ayuden a persuadir al segundo mandatario de hacerlo.