Privados de libertad
EL DEBER |
En medio de la escalada de tensiones con Chile, el presidente Evo Morales ha enviado una carta al papa Francisco solicitándole que interceda para que los nueve ciudadanos bolivianos detenidos preventivamente en el vecino país, tras un confuso incidente fronterizo, recuperen su libertad de la que están privados desde el 22 de marzo.
Morales también ha pedido que un delegado de la Santa Sede verifique las condiciones en que nuestros compatriotas guardan detención en el penal de Alto Hospicio, en la ciudad de Iquique, para que sus derechos sean reconocidos. La solicitud elevada al pontífice es una de las diversas acciones emprendidas por el Gobierno para obtener la liberación de los funcionarios en cuestión. A la vez, un equipo jurídico les presta asistencia y el propio ministro de Justicia, Héctor Arce, afina la estrategia legal para la audiencia fijada para el 25 de mayo. Arce dijo que el caso quedará grabado en la “infamia de la injusticia”.
Cabe recordar que durante su visita a Bolivia en 2015, el papa recibió una conmovedora carta escrita por un niño que le pedía que hiciera regresar al lado suyo a su padre, preso en la cárcel de Palmasola desde hace más de un lustro, acusado por un supuesto caso de terrorismo.
Desde entonces, el chico sigue esperando por un milagro que haga posible la vuelta a casa de su progenitor porque la justicia en Bolivia no funciona, peor aún, en su nombre se cometen graves arbitrariedades contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el privarlos de libertad. Es una contradicción grosera que esto ocurra en un Estado de Derecho como el que es proclamado en Bolivia, donde, de ser así, ni una sola persona, cualquiera sea la falta que se le impute, puede ni debe sentir violentados sus derechos básicos.
Por consiguiente, nos solidarizamos plenamente con los nueve bolivianos encarcelados en Chile y ojalá que pronto sean liberados y puedan regresar junto a los suyos. El mismo sentimiento solidario despierta la suerte de más de 15.000 ciudadanos presos sin sentencia que, con sus más elementales derechos vulnerados, soportan un duro calvario en condiciones infrahumanas en las hacinadas cárceles bolivianas, convertidas en bombas de tiempo.
Ya no es posible seguir ignorando este drama que lacera el alma humana. Quienes tienen la sartén por el mango deben disponer las medidas que conduzcan a la prevalencia de la justicia, eliminando, de todos los casos, la “infamia de la injusticia”, al decir del ministro Arce. Será una forma de lograr la ansiada pacificación de los espíritus.
Morales también ha pedido que un delegado de la Santa Sede verifique las condiciones en que nuestros compatriotas guardan detención en el penal de Alto Hospicio, en la ciudad de Iquique, para que sus derechos sean reconocidos. La solicitud elevada al pontífice es una de las diversas acciones emprendidas por el Gobierno para obtener la liberación de los funcionarios en cuestión. A la vez, un equipo jurídico les presta asistencia y el propio ministro de Justicia, Héctor Arce, afina la estrategia legal para la audiencia fijada para el 25 de mayo. Arce dijo que el caso quedará grabado en la “infamia de la injusticia”.
Cabe recordar que durante su visita a Bolivia en 2015, el papa recibió una conmovedora carta escrita por un niño que le pedía que hiciera regresar al lado suyo a su padre, preso en la cárcel de Palmasola desde hace más de un lustro, acusado por un supuesto caso de terrorismo.
Desde entonces, el chico sigue esperando por un milagro que haga posible la vuelta a casa de su progenitor porque la justicia en Bolivia no funciona, peor aún, en su nombre se cometen graves arbitrariedades contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el privarlos de libertad. Es una contradicción grosera que esto ocurra en un Estado de Derecho como el que es proclamado en Bolivia, donde, de ser así, ni una sola persona, cualquiera sea la falta que se le impute, puede ni debe sentir violentados sus derechos básicos.
Por consiguiente, nos solidarizamos plenamente con los nueve bolivianos encarcelados en Chile y ojalá que pronto sean liberados y puedan regresar junto a los suyos. El mismo sentimiento solidario despierta la suerte de más de 15.000 ciudadanos presos sin sentencia que, con sus más elementales derechos vulnerados, soportan un duro calvario en condiciones infrahumanas en las hacinadas cárceles bolivianas, convertidas en bombas de tiempo.
Ya no es posible seguir ignorando este drama que lacera el alma humana. Quienes tienen la sartén por el mango deben disponer las medidas que conduzcan a la prevalencia de la justicia, eliminando, de todos los casos, la “infamia de la injusticia”, al decir del ministro Arce. Será una forma de lograr la ansiada pacificación de los espíritus.
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