Tribunal arraiga a cuatro exalcaldes de Quillacollo
La Sala Penal Primera de Quillacollo dispuso ayer el arraigo y pago de fianza de 100 mil bolivianos para los exalcaldes Marcelo Galindo, Orlando Espinoza y Ricardo Mercado. El cuarto exalcalde procesado por este caso, Hugo Miguel Candia, seguirá en la cárcel de San Pablo, donde guarda reclusión por otros casos.
Todas las exautoridades son del MAS, informó el asesor legal de la Alcaldía, Omar Heredia.
Los acusados son investigados por incumplimiento y conducta antieconómica, por la no conclusión del Plan Maestro de Agua Potable de Quillacollo. Por estos delitos también se investiga a los exalcaldes Charles Becerra y Carla Lorena Pinto, estos dos últimos con medidas sustitutivas.
El Plan Maestro se adjudicó en 2006 al Consorcio Cochabamba por 66 millones de bolivianos, pero solo ejecutó el 97 por ciento de la red de agua y 96 por ciento de alcantarillado. Después de una evaluación realizada en 2016, se verificó que los ductos no pueden usarse porque no tienen conexiones y están con sedimento.
El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida (FPV), dijo que los acusados debieron ser detenidos preventivamente, ya que causaron un gran daño económico y dejaron a la población sin redes para recibir agua de Misicuni.
Mérida explicó que hasta la fecha no se ha resuelto el contrato con el consorcio debido a que el documento ha desaparecido y faltan varias planillas de pago.
Tras la resolución, se debe pedir auditoria a la Contraloría y recién se podrían ejecutar obras para las redes de agua potable.
Todas las exautoridades son del MAS, informó el asesor legal de la Alcaldía, Omar Heredia.
Los acusados son investigados por incumplimiento y conducta antieconómica, por la no conclusión del Plan Maestro de Agua Potable de Quillacollo. Por estos delitos también se investiga a los exalcaldes Charles Becerra y Carla Lorena Pinto, estos dos últimos con medidas sustitutivas.
El Plan Maestro se adjudicó en 2006 al Consorcio Cochabamba por 66 millones de bolivianos, pero solo ejecutó el 97 por ciento de la red de agua y 96 por ciento de alcantarillado. Después de una evaluación realizada en 2016, se verificó que los ductos no pueden usarse porque no tienen conexiones y están con sedimento.
El alcalde de Quillacollo, Eduardo Mérida (FPV), dijo que los acusados debieron ser detenidos preventivamente, ya que causaron un gran daño económico y dejaron a la población sin redes para recibir agua de Misicuni.
Mérida explicó que hasta la fecha no se ha resuelto el contrato con el consorcio debido a que el documento ha desaparecido y faltan varias planillas de pago.
Tras la resolución, se debe pedir auditoria a la Contraloría y recién se podrían ejecutar obras para las redes de agua potable.
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