Andrés Soliz Rada ex-ministro de Hidrocarburos de Evo y que renunció al impedirle el vicepresidente la investigación por fraude y saqueo de las transnacionales petroleras, ha fustigado todo el tiempo a los masistas, porque "no completaron el proceso de nacionalización", ahora en artículo que publica El Mundo de Lima, vuelve a la carga y brinda los detalles del fraude realizado por las petroleras que todavía están en Bolivia y a las que no se les movió un pelo. Hemos seleccionado el texto de una declaración más amplia con otros tópicos que no vienen al caso:
En el marco de esta recuperación, ¿qué queda hoy de la política de nacionalización de los hidrocarburos impulsada durante su gestión? –La nacionalización ha quedado a medio camino. Las auditorías a las petroleras han demostrado que sobredimensionaron sus cifras de inversión en 848 millones de dólares. Petrobras extrajo de Bolivia, en los últimos ocho años, 900 millones de dólares por amortizaciones y utilidades y solo invirtió 288 millones de dólares. Se benefició con 108 millones de dólares al recibir gas con mayor valor calórico al pactado. Junto con Andina-Repsol, estafó 300 millones de dólares por comercializar gas al Brasil de espaldas a Bolivia. Los delitos de las petroleras debieron permitir a YPFB imponer condiciones de negociación muy favorables frente a las trasnacionales, pero el Gobierno congeló los juicios penales que se tramitaban. El país pudo aprovechar la oferta argentina de invertir 1300 millones de dólares en campos petroleros, así como las posibilidades de acuerdo con Venezuela e Irán. –¿Es posible revertir esta situación? –El primer requisito para reencauzar la nacionalización de los hidrocarburos reside en convertir a YPFB en una moderna empresa corporativa, en la que el Estado no pierda el control accionario, y que al mismo tiempo esté conformada por un holding de empresas, como Petrobras. Pero a diferencia de la compañía brasileña, no se debería permitir que el Estado pierda el control del paquete accionario. –¿Cuáles serán las consecuencias de las decisiones que tomó el Gobierno en esta materia? –El mayor riesgo es reproducir la dependencia y sumisión que había frente a las petroleras antes de la nacionalización. La petrolera estatal, al estar mal administrada, no logra librarse de las presiones negativas de las compañías que buscan su desaparición. YPFB, debido al sabotaje de las compañías, se ve imposibilitada de cubrir la demanda interna de diesel. Y anuncia que importará GLP, lo que contribuye a su desprestigio. De ahí la importancia de que retome su condición de empresa símbolo de la soberanía y el desarrollo del país. –¿Cuál fue la incidencia de Brasil, Argentina y Venezuela en la forma que tomó la nacionalización? –La nacionalización contó en todo momento con el respaldo venezolano. El presidente Hugo Chávez llegó al acto de posesión de Evo Morales. Inmediatamente después, ambos mandatarios suscribieron acuerdos que permitían a Bolivia contar con el apoyo de Venezuela en la recuperación de los hidrocarburos. En cumplimiento de esos acuerdos viajé a Caracas antes del histórico 1º de mayo de 2006, con la finalidad de coordinar medidas de emergencia, como el abastecimiento de gasolina, GLP, diesel, etc., por si las compañías intentaban sabotear el abastecimiento de combustibles en respuesta al decreto de nacionalización. Felizmente, esta situación no se produjo. –¿Y los gobiernos de Néstor Kirchner y Lula da Silva? –La política de hidrocarburos del presidente Kirchner es contradictoria. Por una parte, contiene los abusos de Shell pero por otra adopta una conducta pasiva frente a los abusos que cometen en Bolivia Petrobras y Repsol, que también operan en la Argentina. Lula, en cambio, no tiene nada de contradictorio. Defiende las políticas de Petrobras y Petrobras se comporta frente a Bolivia con la misma prepotencia y abuso que las transnacionales europeas y norteamericanas. A pocos días de las elecciones presidenciales en Argentina, hago votos porque este hermano país cuente con un Gobierno que tenga firmeza en la defensa de los recursos naturales, transparencia en el manejo de los fondos públicos y eficacia en la administración de los recursos del Estado. –¿Cómo evalúa que seguirán las relaciones entre Argentina y Bolivia en materia energética? –Necesitan coordinar mejor sus intereses comunes y actuar con independencia de las trasnacionales, cuyos horizontes son antagónicos a los que deben desarrollar nuestros pueblos hermanos. Bolivia y Argentina están a punto de definir sus estrategias petroleras. Si lo hacen de manera coordinada, los resultados serán mejores para ambos países. Enarsa puede cooperar de manera efectiva en la reestructuración de YPFB y ayudarle a cumplir sus compromisos de exportación de gas. Si no lo hace, se acrecentará la presencia y los abusos de las transnacionales (incluyo de Petrobras), en perjuicio de los gobiernos de La Paz y Buenos Aires. La cooperación argentina para el desarrollo de campos en Bolivia no puede reducirse a un eventual discurso del presidente Kirchner, como el que pronunció en Tarija el mes pasado, en el que le dijo al presidente Evo Morales que sólo tiene que “levantar el teléfono y hacerle saber si Repsol o Petrobras incumplen sus compromisos con Bolivia para que se produzca la ayuda de Enarsa”. Estos problemas no se resuelven por teléfono ni con frases efectistas. Se enfrentan con una estrategia común que pasa por cumplir con la nacionalización en Bolivia y por no permitir que las compañías privadas controlen en la Argentina reservas tan importantes como las de Cerro Dragón y Loma de La Lata. –¿Y con Brasil y Venezuela? –Mientras Lula mantenga su política pro Bush en los agrocombustibles y de plena identificación con las compañías petroleras estadounidenses y europeas, es muy poco lo que Bolivia puede esperar de ese gobernante. La relación boliviano-venezolana debe dirigirse a sectores estratégicos de la industria petrolera, en lugar de perderse en instalar intrascendentes estaciones de servicio.
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