El proyecto del gobierno brasileño de crear una Comisión de la Verdad que investigue los crímenes de la dictadura (1964-85) desencadenó una inesperada reacción del cúpula militar, que amenazó con una dimisión generalizada.
La disputa se originó en vísperas de Navidad, con el lanzamiento del Programa Nacional de Derechos Humanos, una iniciativa del oficialismo que prevé la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad para investigar crímenes cometidos por el régimen militar.
"Se trata de la mayor crisis político-militar del gobierno de Lula Da Silva", expresó Nelson During, editor de un sitio especializado de defensa. Contrariamente a otros países de la región, en Brasil sigue en vigor una ley de Amnistía de 1979, que garantiza que no haya procesos contra los represores.
"Existía un acuerdo de que cualquier modificación que afecte la amnistía obligaría a investigar los delitos de los dos lados (represores y resistencia), pero el Programa del gobierno mencionó sólo a los militares", dijo el titular de la comisión parlamentaria de Defensa, Raúl Jungmann.
El legislador confirmó que, roto el acuerdo, el ministro de Defensa, Nelson Jobim, secundado por los comandantes de las tres Fuerzas, pusieron su cargo a disposición, y sólo retrocedieron ante el compromiso del presidente Lula de revisar los puntos sensibles del Programa de Derechos Humanos.
"Desde el punto de vista militar, la crisis está solucionada, pero dejará secuelas porque se quebró la confianza", dijo Jungmann, quien advirtió que la resistencia ahora es del ministro de Derechos Humanos, Paulo Vanucci.
No existe "ninguna controversia insanable entre el ministerio de Defensa y la Secretaría de Derechos Humanos. (Lula) lo va a resolver con su capacidad de mediación cuando vuelva de vacaciones", declaró a la prensa este miércoles el ministro de Justicia, Tarso Genro.
El colegio de abogados brasileño criticó las "presiones" del comando militar: "Amnistía no es amnesia", replicó Cesar Britto, presidente de la entidad, que reclama con una acción en la Corte Suprema una reinterpretación de la ley de amnistía que permita conocer la verdad y procesar a los torturadores.
Los militares se han resistido a toda iniciativa que amenace revisar la amnistía en Brasil, país que reconoce 400 víctimas entre muertos y desaparecidos. "Si quieren poner a coroneles y generales en el banco de los acusados, también vamos a poner a Dilma (Rousseff, ministra jefe de Gobierno, ex guerrillera, y posible candidata de Lula a sucederlo en 2010)", desafío un general en estricto anonimato.
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