En Bolivia vivimos inventando palabras para disfrazar la ilegalidad. “Coca excedentaria” le decimos a la coca que es usada para fabricar cocaína y que ha sido durante los últimos 30 años el caldo de cultivo del movimiento político que hoy nos gobierna a todos. “Chutos” son los autos de contrabando, cuyos propietarios han sobornado vigilantes fronterizos, han falsificado placas, han comprado las conciencias de dirigentes campesinos y líderes de ayllus que confiesan sin ambages que son protectores del “contrabando”, actividad que fue calificada por un ex ministro de Educación (de este Gobierno, por supuesto), como un medio de supervivencia habitual de numerosas comunidades rurales, que hoy combinan este rubro con el tráfico de drogas, pues son complementarios.
¿Hace cuántos años que se declaró ilegal a la internación y comercio de ropa usada en el país? ¿Cuántas hectáreas por encima de las que mencionan las leyes hay sembradas en Bolivia? ¿Qué se hace para incorporar a la legalidad al 70 por ciento de las actividades económicas que no pagan impuestos, que no cumplen con los requisitos de sanidad ni ninguna otra norma de comercio o de seguridad, que violan leyes laborales, ordenanzas municipales y hasta penales.
El presidente Morales dice odiar la burocracia y es cada vez más notorio el desprecio que siente por las leyes. Lo dice abiertamente y lo practica con regularidad. No se entiende entonces, que casi al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaba la amnistía para decenas de miles (no se sabe cuántos son) de autos ilegales, el Órgano Ejecutivo lanzaba el Decreto Supremo 772 que establece nuevas restricciones a las exportaciones legales y que provocó un cuello de botella en las fronteras, obligando a retornar a muchos camiones cargados. Ni siquiera el personal de la Aduana, institución que se quejó por el “perdonazo” a los “autos chutos”, podía entender las recientes determinaciones, que agravan aún más la inseguridad jurídica y ahuyentan las inversiones legales.
Durante varias semanas previas, el anuncio de la amnistía de los “autos chutos” estuvo en boca de varios senadores que combinan sus actividades legislativas con ciertos negocios informales, mientras autoridades del área económica hacían intentos por minimizar la medida y en otros casos expresaban cierto rechazo. Esa fue la forma del Estado Plurinacional de lanzar la advertencia a los contrabandistas de que estaba por abrirse la tranquera de la ilegalidad y en consecuencia, dar el banderazo para que puedan cruzar la frontera con su mercadería.
Los que critican la falta de coherencia de un Gobierno que puso en la categoría de “delito penal” al contrabando y que supuestamente le declaró la guerra a los contrabandistas, olvidan considerar que el origen y la razón de ser de este régimen es la ilegalidad y que mientras permanezca en el poder no hará otra cosa más que consolidar este sistema de cosas. La lucha contra la corrupción, las leyes y los decretos que restringen ciertas actividades, no son más que instrumentos destinados a destruir a los enemigos, cuya lista se ha extendido a todo aquel que insista en respetar las leyes y conducirse por el sendero de la formalidad. El instinto de supervivencia indica que el mejor camino es obviamente el que está marcando el Gobierno “chuto”. Así lo van a asimilar muchos bolivianos que hasta ayer creían que era posible evitar este descalabro.
¿Hace cuántos años que se declaró ilegal a la internación y comercio de ropa usada en el país? ¿Cuántas hectáreas por encima de las que mencionan las leyes hay sembradas en Bolivia? ¿Qué se hace para incorporar a la legalidad al 70 por ciento de las actividades económicas que no pagan impuestos, que no cumplen con los requisitos de sanidad ni ninguna otra norma de comercio o de seguridad, que violan leyes laborales, ordenanzas municipales y hasta penales.
El presidente Morales dice odiar la burocracia y es cada vez más notorio el desprecio que siente por las leyes. Lo dice abiertamente y lo practica con regularidad. No se entiende entonces, que casi al mismo tiempo que la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobaba la amnistía para decenas de miles (no se sabe cuántos son) de autos ilegales, el Órgano Ejecutivo lanzaba el Decreto Supremo 772 que establece nuevas restricciones a las exportaciones legales y que provocó un cuello de botella en las fronteras, obligando a retornar a muchos camiones cargados. Ni siquiera el personal de la Aduana, institución que se quejó por el “perdonazo” a los “autos chutos”, podía entender las recientes determinaciones, que agravan aún más la inseguridad jurídica y ahuyentan las inversiones legales.
Durante varias semanas previas, el anuncio de la amnistía de los “autos chutos” estuvo en boca de varios senadores que combinan sus actividades legislativas con ciertos negocios informales, mientras autoridades del área económica hacían intentos por minimizar la medida y en otros casos expresaban cierto rechazo. Esa fue la forma del Estado Plurinacional de lanzar la advertencia a los contrabandistas de que estaba por abrirse la tranquera de la ilegalidad y en consecuencia, dar el banderazo para que puedan cruzar la frontera con su mercadería.
Los que critican la falta de coherencia de un Gobierno que puso en la categoría de “delito penal” al contrabando y que supuestamente le declaró la guerra a los contrabandistas, olvidan considerar que el origen y la razón de ser de este régimen es la ilegalidad y que mientras permanezca en el poder no hará otra cosa más que consolidar este sistema de cosas. La lucha contra la corrupción, las leyes y los decretos que restringen ciertas actividades, no son más que instrumentos destinados a destruir a los enemigos, cuya lista se ha extendido a todo aquel que insista en respetar las leyes y conducirse por el sendero de la formalidad. El instinto de supervivencia indica que el mejor camino es obviamente el que está marcando el Gobierno “chuto”. Así lo van a asimilar muchos bolivianos que hasta ayer creían que era posible evitar este descalabro.
Los que critican la falta de coherencia de un Gobierno que puso en la categoría de ‘delito penal’ al contrabando y que supuestamente le declaró la guerra a los contrabandistas, olvidan considerar que el origen y la razón de ser de este régimen es la ilegalidad y que mientras permanezca en el poder no hará otra cosa más que consolidar este
sistema de cosas.
sistema de cosas.
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