Muy pocos entendieron cuando el vicepresidente García Linera dijo que sabía muy bien quién había dado la orden de intervenir en la marcha de Chaparina, el 25 de septiembre de 2011, cuando supuestamente hubo ruptura de la cadena de mando y ni siquiera el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorentty admite un mínimo de responsabilidad y es celosamente protegido por un entorno político de muy alto nivel, que según los exintegrantes del gabinete jurídico presos en Palmasola, lo quiere lejos y libre porque "sabe demasiado".
Ahora, cuando se produce la muerte de dos mineros y cuando hay ministros que dicen y se contradicen en público, mientras otros azuzan desde afuera una feroz pelea que ya no se puede ocultar, se comprende mejor lo que puede estar sucediendo en el gabinete, con denuncias, acusaciones y "manos negras".
Justamente eso, una "mano negra" es lo que ha denunciado el ministro de Gobierno Carlos Romero para explicar la muerte de los mineros, víctimas de disparos certeros en la cabeza. El funcionario afirma que la Policía no usó armas letales y tampoco hubo contacto directo en la zona donde murieron los cooperativistas, lo que le hace pensar en algo muy oscuro, pues a partir de ese hecho, la ley que tanto defendía y que según el presidente Morales, no debía ser cambiada "ni una coma" fue prácticamente anulada y volvió a "fojas cero", cosa que otros ministros no aceptan y menos en el Congreso.
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