U n nuevo escándalo le riega aún más salpicadura a la justicia boliviana, especialmente la de Santa Cruz, que acaba de caer bajo sospecha de favorecimiento ilegal a 30 narcotraficantes extranjeros que más tardaron en ingresar que en salir de la cárcel de Palmasola.
La denuncia pertenece a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN), entidad que ha cuestionado la liberación de estos individuos, entre ellos el colombiano Jahider Vargas Cifuentes, un reincidente que acaba de ser detenido en un laboratorio de cristalización de cocaína luego de que fuera liberado el 3 de diciembre de 2013 por el mismo delito. Lo que llama la atención de los policías es una sospechosa orden de liberación para que el reo se defienda en libertad, beneficio que suele negarse en casos menos graves.
En un recuento periodístico realizado recientemente se pudo constatar que entre los meses de febrero y junio del presente año, los jueces dejaron libres a más de 160 personas involucradas en el tráfico de drogas, entre los que figuran esos extranjeros de los que habla la Felcn. Los periodistas tienen toda la razón al afirmar que “son más los narcos que salen que los que ingresan a la cárcel”, pues en el mismo lapso se emitieron 130 órdenes de detención, lo que nos lleva a asegurar que dentro de muy poco tiempo Palmasola podría quedar libre de narcotraficantes, a pesar de que se trata de uno de los delitos más comunes en el país.
En el 90 por ciento de los casos, la liberación se produce gracias a un trámite de cesación de la detención preventiva que realizan los reos y por lo visto, el papeleo transcurre en tiempo récord aún cuando la justicia boliviana se ha vuelto célebre mundialmente por su lentitud, problema que le afecta al 80 por ciento de los presos, muchos de los cuales se pasan años sin poder ver a un juez por falta de dinero, algo que los narcos suelen tener de sobra.
Tal como ha dicho el ministro de Gobierno, Jorge Pérez, no conviene adelantarse y juzgar si las órdenes de los jueces pueden respaldarse o no legalmente y en el mejor de los casos conviene analizar el problema globalmente, pues ni la Policía que hace las detenciones en coordinación con la Fiscalía pueden sacar los pies del plato, Muchas veces son algunos errores cometidos durante el arresto los que usan los detenidos para zafar de la justicia. Las autoridades políticas tampoco son inocentes ya que hace mucho que viene dándose este fenómeno y no se vislumbran políticas destinadas a mejorar la situación del Órgano Judicial, cuya prioridad en este momento no es combatir el delito sino apuntalar el aparato de persecución. Si fuera genuina la preocupación gubernamental, la primera decisión que debería tomar es dejar que los jueces hagan su trabajo con libertad y en apego a las leyes para que deje de funcionar todo ese aparato de presiones, influencias y vínculos oscuros donde los narcos tienen una indudable incidencia.
En todo caso, si nuestras autoridades, especialmente las del oficialismo, que han actuado con tanta drasticidad y rapidez contra los miembros del Tribunal Constitucional, en verdad están preocupadas por lo que sucede en la justicia y concretamente con este escándalo, deberían ordenar una inmediata revisión de cada una de las decisiones tomadas. No actuar es un acto de complicidad con una actividad que de a poco está corrompiendo las bases institucionales y morales del país.
En un recuento periodístico realizado recientemente se pudo constatar que entre los meses de febrero y junio del presente año, los jueces dejaron libres a más de 160 personas involucradas en el tráfico de drogas, entre los que figuran esos extranjeros de los que habla la Felcn. Los periodistas tienen toda la razón al afirmar que 'son más los narcos que salen que los que ingresan a la cárcel', pues en el mismo lapso se emitieron 130 órdenes de detención.
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