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lunes, 25 de agosto de 2014

cuando Sophia solía llegar al edificio de parqueo, confiaba en la seguridad del mismo, en la protección técnica y física que la empresa de parqueos publicitaba por doquier. Sophia jamás pensó, que justamente la empresa de marras cobijaba "al asesino" que la observó durante días, antes del crimen, del robo, de la burla a todo un sistema, que como lo denuncia El Dia, no funciona. esto de vigilancia y seguridad es otro engaño más en una ciudad desprotegida aunque tenga cada vez mayor número de policías.


Las recientes declaraciones del responsable del Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev), teniente coronel Edwin Iturri, en una entrevista ofrecida a los medios de comunicación, ha puesto en evidencia que la seguridad privada en el país, hoy por hoy, va de la mano de la ilegalidad. La tajante afirmación que ninguna empresa privada de seguridad y vigilancia en el país es legal, grafica la auténtica situación de incertidumbre en que se desenvuelve la seguridad ciudadana. Una consecuencia funesta de esta realidad ha sido la muerte de una joven profesional a manos del vigilante de un parqueo vehicular privado en la capital cruceña.
Tragedia inadmisible por donde se la vea. Se deduce de ello, que resulta una temeridad ofrecer servicios de seguridad y vigilancia, que por cierto son cosas distintas, sin dar las garantías pertinentes de calidad, eficacia y permanencia en el tiempo a los efectivos y a los potenciales usuarios. Sin duda, para cumplir con tales parámetros ineludibles, se debe invertir en recursos humanos calificados, equipos de logística y adquirir tecnología de punta, por lo que la responsabilidad se eleva aún más, especialmente si se considera que se trata de establecer fuertes lazos de confianza entre usuarios y proveedores. Esa postura proactiva viene a ser deseable. Sin embargo, es la más difícil de llevar a efecto.
 
De hecho, en el país se da la paradoja que se colocan trabas a la actividad legal, mientras que la actividad ilegal goza de una impunidad que provoca vergüenza propia y ajena. Esta suerte de discriminación se verifica también en el ramo de la vigilancia y la seguridad. Las empresas que han iniciado los trámites que exige la autoridad del ramo soportan una espera que va más allá de lo tolerable. Se sabe que de más de doscientas empresas que han iniciado el trámite, tan solo veintiséis están en la última etapa, esperando la licencia de funcionamiento oficial. En ese marco operan empresas ilegales que hacen lo que pueden, siempre al margen de la ley, en perjuicio de la ciudadanía.
 
Pero no solo operan las ilegales, sino que también las que tramitan su legalidad desarrollan sus actividades sin mayor control, puesto que en el terreno de la formalidad no existen como empresas autorizadas. En vista de los resultados, parece poco probable que el Departamento Nacional de Autorización y Control de Empresas Privadas de Vigilancia (Denacev) realice un control sistemático de las empresas de seguridad y vigilancia. Ello lleva, por lógica consecuencia, a la peligrosa discrecionalidad cuando estas contratan recursos humanos que no califican para labores de vigilancia y seguridad como corresponde en materia de competencias, sino en imprescindibles valores éticos.
 
Conviene no perder de vista que los recursos humanos calificados son igual o más importantes que los equipos disponibles y la tecnología de última generación. En ese sentido, sería deseable que Denacev inicie una amplia labor preventiva y fiscalizadora de las empresas de seguridad y vigilancia que operan en el país con trámite iniciado para su licencia oficial, como también de las ilegales, que son las más numerosas, a fin de verificar en el terreno su desempeño. Sin duda, ello permitirá acelerar la autorización oficial de las que reúnen todos los requisitos, cuando corresponda. Al mismo tiempo, será posible identificar y clausurar, si cabe, aquellas que no ofrezcan garantía alguna.
Verificar en el terreno el desempeño de las empresas privadas de seguridad y vigilancia permitirá acelerar la autorización oficial de las que reúnen todos los requisitos. También será posible identificar, y clausurar si cabe, las que no ofrecen garantía alguna.

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