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jueves, 26 de abril de 2007

El caso Posada Carriles

 

Ha pasado de ser un tema que interese solamente a Estados Unidos, y los países que han solicitado la extradicción del terrorista confeso y que son Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ahora mismo representantes norteamericanos, un exfiscal general, organizaciones de todo tipo se han pronunciado y han dejado de lado los argumentos cien veces repetidos del oficialismo norteamericano, esto es: que ninguno de los actos terroristas atribuídos a Posada han sido cien por ciento comprobados, que en los mismos no hubo víctimas de ciudadanos norteamericanos y que de ser extraditado a los países solicitantes, no estaría garantiza su seguridad ni que no sería sometido a torturas.
El marco del caso Posadas es ahora universal, 118 naciones no alineadas se han pronunciado en contra de la medida de dejarlo en libertad, las Naciones Unidas, Rusia, los países árabes y otros de América Latina como Bolivia, Argentina, Ecuador, Venezuela se han manifestado expresa y concretamente al caso.
Lo evidente es que ahora, no se un tema que se trate tan sólo en el ámbito de los países nombrados, la impunidad manifiesta en favor de megaterrorista, es materia de escándalo y rechazo, como podemos verlo en ésta misma página de la pluma de Sergio Muñoz Bata que escribe nada menos que en El Nuevo Herald que habitualmente no publica nada opuesto a la línea oficial de los Estados Unidos, en materia de política hacia Cuba. (Utilizamos caricaturas de Gráficas del G.I.)
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Un terrorista es un terrorista (De El Nuevo Herald. Miami)
Más improbable aún sería que se le persiguiera por su participación en la invasión a Bahía de Cochinos de 1961, por el sinnúmero de intentos de asesinato a Castro o por su colaboración entrenando a la Contra nicaragüense. En todos estos casos, el patrón de Posada era la Agencia Central de Inteligencia.

De hecho, Peter Kornblush, el tenaz jefe de investigaciones de los Archivos de Seguridad Nacional, en la Universidad George Washington, ha declarado públicamente que la razón por la cual la administración de Bush se niega a declararlo terrorista es por temor a que en su defensa Carriles argumente que sus actos terroristas fueron ordenados por o en colaboración con la CIA.

También obra a favor de la impunidad de Posada la actual coyuntura política. En vísperas de una elección presidencial, después del revés que sufriera el Partido Republicano en las elecciones intermedias y con la popularidad del Presidente en caída libre, Bush no va a arriesgarse a perder el voto cubanoamericano en la Florida, extraditándolo a Venezuela o a Cuba.

Otro factor que ha contribuido a la libertad de Posada es la imposibilidad de encontrar un país amigo dispuesto a recibir al terrorista con los brazos abiertos.

Esto, sin embargo, no significa que a la administración de Bush se le han agotado las opciones para disponer de su basura y, sobre todo, para empezar a reestablecer como principio rector de la lucha contra el terrorismo un solo estándar para tratar a los terroristas.

Para mantenerlo en la cárcel por tiempo indefinido, el Departamento de Estado podría argumentar ante la corte que Posada representa una amenaza a la estabilidad de las relaciones internacionales de EEUU.

También podrían aplicarle el Acta Patriota que esta administración ha utilizado para mantener a 385 sospechosos de ser terroristas en la prisión de Guantánamo sin ofrecerles garantías de ningún tipo ni el llamado ``proceso debido''.

El expediente de Posada justificaría plenamente su traslado a Guantánamo pues el Departamento de Justicia lo ha caracterizado como el ''confeso autor intelectual de planes y ataques terroristas que jamás ha mostrado arrepentimiento'', acusándolo de ser un peligro para la comunidad y destacando el riesgo de que intente darse a la fuga.

La imagen de Estados Unidos en el mundo ha sufrido un marcado deterioro en años recientes, sobre todo por su intervencionismo militarista y su desapego a las normas y reglas internacionales. Los abusos perpetrados en las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo han puesto en entredicho la política de respeto a los derechos humanos de Estados Unidos.

Empecinarse en salvar de la prisión a un terrorista incorregible no haría sino confirmar las acusaciones de hipocresía lanzadas contra el gobierno estadounidense por aplicar un doble estándar en la lucha contra el terrorismo.

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