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lunes, 22 de febrero de 2010

los militares de hoy son los de ayer. cuando se trata de protegerse unos a otros están siempre unidos y decía Lechín "entre militares no hay sablazos"

Candado de siete llaves

editorial de El Dia, de LP, Bolivia

¿Qué puede significar la resistencia de las Fuerzas Armadas a cumplir una orden judicial para desclasificar los archivos sobre la dictadura militar de Luis García Mesa? A los ojos del ciudadano común una muestra más de que en Bolivia no se cumple lo que se norma. Sin embargo, para los familiares de los desaparecidos y muertos durante la oscura etapa que se inicia antes y después del golpe del 17 de julio de 1980, viene a ser la prueba fehaciente de que al interior de la institución militar no existe todavía la convicción o la voluntad de descubrir ese oscuro pasado. El asunto es por demás espinoso, pero está claro que no debe permanecer más tiempo en las sombras del misterio.
Las primeras impresiones que han surgido sobre el fallido intento de desclasificar los archivos militares apuntan a que se ha procedido con apresuramiento por parte de la comisión de fiscales, y que se han obviado los procedimientos previos para acceder a los mismos. Sin duda que se ha pasado por alto el hecho que los militares obedecen a sus mandos naturales en primera y última instancia. Es decir que debe existir una orden superior militar para obedecer a una instancia de la sociedad civil. También ha sido notorio que, a pesar que las Fuerzas Armadas se han subordinado al orden civil que representa el régimen democrático, todavía falta mucho trecho para que se efectivice su auténtica integración y asimilación.
Pero al margen de estos anecdóticos sucesos de la vida nacional, la desclasificación de los archivos militares sobre una de las dictaduras más violentas que se han dado en Bolivia, deviene en una necesidad a la luz de la verdad histórica y por un sentido elemental de solidaridad humana. Se trata no sólo de conocer a los verdaderos autores intelectuales y materiales de secuestros, asesinatos y acciones reñidas con la legalidad institucional del país, sino acceder a la información que permita la ubicación de los desaparecidos durante y después de la toma violenta del poder en la década de los ochenta. Resulta importante saber las causas de la ruptura institucional del país y porqué le han puesto candado de siete llaves.
El acceso a la información clasificada, que se ha previsto para el venidero 26 de febrero, de acuerdo al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, permitirá por otra parte recrear un período histórico doloroso del cual se deben extraer enseñanzas para no repetir errores. Hay quienes creen que el plazo que se ha puesto el propio Comando de las Fuerzas Armadas ha caído bajo un manto de sospechas. La intención comunicada ha sido que se necesita poner en orden los archivos para que el acceso a los mismos por la comisión de fiscales sea más fácil. Se espera que no sea para ocultar o eliminar información valiosa o comprometedora.
Sin duda que el estado de derecho que vive el país las Fuerzas Armadas tienen la obligación de entregar información a la comisión de fiscales en cumplimiento de una orden judicial. Si se percibe bien, en el fondo se pretende saber a ciencia cierta qué ha pasado con los restos del asesinado y desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz, además de las causas que han motivado su muerte, y por supuesto, quiénes los autores materiales e intelectuales. Por tanto, la apertura de los archivos puede marcar el inicio de una actitud de colaboración sincera de la institución militar para con la sociedad civil o, por el contrario, de porfiada obstrucción.

El acceso a los archivos puede marcar el inicio de una actitud de colaboración de la institución militar o, de una porfiada obstrucción.

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