Según el informe policial, toda la dinamita incautada en junio pasado, la que según la versión del ministro Llorenti era la prueba de un plan subversivo en gran escala, tiene dueño plenamente identificado: un individuo dedicado a la comercialización legal de ese producto desde hace más de 20 años. Algo que en Sucre todos sabían, pero que Llorenti se negaba a admitir con el aval de los informes policiales.
El caso no puede dejar de traer a la memoria otros similares. Se puede recordar, por ejemplo, que hace poco, cuando los conflictos en Caranavi estaban en su punto más álgido, Llorenti aseguró que en la zona operaban grupos armados y bien entrenados militarmente. Acusaciones de tan grueso calibre nunca fueron respaldadas y la Policía Nacional nada hizo para corroborarlas o desmentirlas.
El desenlace del caso de la “enorme red de traficantes de explosivos” ha sido diferente. Las autoridades policiales han dejado con su informe muy mal parado al ministro de Gobierno, lo que, según quienes se guían por el viejo adagio que indica “piensa mal y acertarás”, puede interpretarse como una especie de venganza policial.
Es lamentable que sean tantos los antecedentes que dan pie
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