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jueves, 16 de diciembre de 2010

segmento de Los Tiempos cuando informa de la destitución de Cossío como Gobernador de Tarija elegido en forma democrática por los tarijeños

“Crisis institucional”

Los casos de la suspensión de Cossío o la imputación contra Revilla además de otros procesos judiciales a opositores son señales de que Bolivia jamás ha vivido una crisis judicial tan profunda, ya que se están manifestando en forma muy frecuente resoluciones y acusaciones que no están de acuerdo con la Constitución Política del Estado ni la ley.


El análisis corresponde al constitucionalista Bernardo Wáyar, quien además advirtió que “las investigaciones no están, según han denunciado la partes interesadas, apegadas a la realidad de los hechos”.


Explicó que en estos casos, el principal problema es que las disposiciones que permiten la suspensión de gobernadores, de alcaldes y de autoridades electas son inconstitucionales porque la Constitución Política del Estado sólo permite su destitución cuando hubiera mediado la sentencia condenatoria ejecutoriada.


“El sistema procesal boliviano no admite la suspensión provisional de ningún tipo de autoridad, porque lo que preve más allá del principio de presunción de inocencia es darle un fuero una garantía de protección a la función”.


“Se tiene una aparente legalidad porque son leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, pero no están sujetas al control de la constitucionalidad porque no hay un Tribunal Constitucional que tenga esa facultad (el actual es de liquidación de casos pasados)”, explicó.

CASO IMBOLSUR

• El caso Imbolsur se abrió por la denuncia del ex parlamentario Fernando Barrientos, quien actualmente funge como director de Transparencia de la Gobernación, nombrado por Cossío.


• Los acusados Mario Cossío, el ex asesor legal Alejandro Roda Rojas y el representante legal de Imbolsur enfrentan los cargos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.


• El daño estimado es de 1,3 millones de bolivianos, monto de la garantía de cumplimiento de contrato que la ex prefectura no cobró por presunta negligencia e incumplimiento del ex prefecto y ahora gobernador suspendido.

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