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martes, 14 de diciembre de 2010

Cossío ha expresado que no entregará la Gobernación a nadie que no salga de una elección. el MAS utiliza todos los medios para quitárselo de enmedio.

El gobernador de Tarija, Mario Cossío, responsabilizó a la unidad administrativa del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) del caso Imbolsur, por el que está a punto de ser suspendido de su cargo.

“Si tuvo o no algo que ver el Gobernador con la compra del asfalto que hizo el Servicio de Caminos, la respuesta es que no. En 2006 ó 2007 el Sedeca licitó la compra de este cemento asfáltico para sus obras, hizo la contratación, firmó la misma y en todo ese proceso el ex prefecto, ahora gobernador, Mario Cossío no tiene absolutamente ninguna intervención”, aseguró la autoridad, en declaraciones a la Red Erbol.

Agregó que en la Gobernación, ex Prefectura, todas las instituciones operan de manera descentralizada, ejecutan sus presupuestos, licitan sus obras, adjudican sus contratos, pagan, hacen el seguimiento, por lo que la primera autoridad departamental no participa en todo ese proceso.

“A partir de junio de 2006 no firmé contratos, ese es el caso concreto que corresponde a la compra de cemento, que lo hizo una entidad desconcentrada de la Gobernación, como es el Servicio Departamental de Caminos, ellos compraron cemento, contrataron, y la empresa Imbolsur había provisto sólo una parte del cemento asfáltico, es lo que sé”, afirmó.

Indicó que Imbolsur sólo había provisto 900 toneladas de las 2.900 toneladas de cemento asfáltico que estaba dentro del contrato y como no cumplió lo acordado, entonces, el Servicio de Caminos, primero, planteó la resolución de contrato incumplido, y en segundo lugar, mandó a la empresa aseguradora “24 de septiembre” ejecutar las pólizas de garantía, que estaban emitidas a nombre de Sedeca.

“Pero, Imbolsur dijo que no corresponde, indicando que si bien hizo el contrato el Sedeca, pero la persona jurídica que existe es la Prefectura del Departamento, en esa situación, esa empresa presenta un recurso jerárquico ante el prefecto, ahí conocí recién el caso”, acotó.

Aseguró que dentro del marco de la Ley, que le otorga 90 días para responder ese recurso jerárquico, se pronunció y dispuso que el asesor legal de la Prefectura, que es el abogado de la institución, procese la resolución del contrato con Imbolsur y se asegure el seguimiento a la ejecución de las boletas de garantía que había empezado el Sedeca.


“Luego aparece un fiscal (Gilbert Muñoz) que quiere involucrarme, dice que la resolución no fue ejecutada dentro del plazo y que en segundo lugar no se permitió que se ejecute las boletas de garantías, por eso planteó daño económico”, enfatizó.

Sin embargo, posteriormente el fiscal Muñoz admitió por escrito que Cossío emitió la resolución dentro del plazo de 90 días.

“Con ello ya me deja liberado, aunque (para seguirme involucrando en el tema) dice que no hice seguimiento para que la unidad jurídica notifique su resolución, cuando de acuerdo a la resolución misma y las normas emitidas, el hacer seguimiento a las resoluciones no es competencia, ni atribución y menos deber de la primera autoridad del departamento, para eso están los responsables de las unidades jurídicas”, manifestó.

Puntualizó que su delito en síntesis es no haberle hecho seguimiento a un funcionario, como si su tarea fuera andar detrás de los mil funcionarios del gobierno departamental para ver si cumplieron con su función todos los días. “El responsable de administrar y ejecutar las garantías es el responsable de la unidad administrativa de la dependencia correspondiente, en este caso, el Sedeca, que era el tenedor de la póliza, que además estaba girada a su nombre a través de su unidad administrativa”.

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