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sábado, 18 de diciembre de 2010

con toda razón y en momento oportuno se pregunta Los Tiempos si es Bolivia un Estado Democrático?

La defenestración del Gobernador de Tarija termina de despejar cualquier duda sobre la tendencia
antidemocrática del actual régimen

La suspensión del gobernador de Tarija es el resultado de una estrategia golpista oportunamente denunciada pero que fue imposible detener por el uso arbitrario de los mecanismos de justicia y fuerza que dispone el MAS para alcanzar su objetivo de lograr el control total de la sociedad, claramente explicitado por el vicepresidente del Estado hace algunos meses. Y la gravedad de este hecho hace que nuevamente debamos referirnos a este lamentable episodio que vulnera principios democráticos fundamentales.

Es decir, se trata de una arremetida de un proyecto político claramente autoritario que aún hace uso de un lenguaje democrático que, empero, poco a poco se decanta. Desde la forma grosera y calumniosa en la que las autoridades de gobierno insultan a quienes se oponen a ellos hasta las acciones concretas en contra de líderes opositores, empresarios que defienden sus legítimos intereses, gremios que salen en defensa de las libertades de expresión y opinión o pastores de la Iglesia, dan cuenta de una actitud poco democrática. Más bien se trata de mensajes portadores de amenazas intolerables en un Estado que se precia de ser pacifista, democrático y plural.

Si a los últimos acontecimientos de Tarija se suma, por un lado, la acción violenta en Cochabamba, Sucre, Cobija, Santa Cruz –por citar los principales eventos en los que el MAS desde que se instaló en el Gobierno no dudó en utilizar la más cruda violencia para imponer su hegemonía– y, por el otro, el derrocamiento (y las estrategias aún en curso contra las que están resistiendo) de autoridades elegidas democráticamente pero que no son del partido de gobierno, se encuentra un proceso que poco tiene de democrático.

Se debe tomar en cuenta que todas esas acciones violentas, además, han sido realizadas violentando la Constitución Política del Estado a través de la promulgación de leyes mañosamente elaboradas y acríticamente aprobadas. De hecho, como ya hemos señalado en reiteradas oportunidades, la Constitución establece que las autoridades sólo pueden ser retiradas del cargo luego del debido proceso y que haya una sentencia ejecutoriada. Esto exige que el poder deba comprobar objetivamente la comisión del delito que se imputa al acusado, y el juez, en las diferentes instancias procesales, determinar si hay o no culpa. Y se ha legislado de esa manera precisamente para impedir que el poder cometa abuso como ahora sucede al utilizar la norma inconstitucional que establece que a sola denuncia formal del fiscal, se debe suspender a la autoridad acusada no tanto por la comisión de delitos sino porque es opositora. Esto, en definitiva, no es democracia.

Lo de Tarija, hay que insistir, no es ni debe ser un episodio más en nuestra accidentada vida política porque termina de despejar cualquier duda sobre la tendencia antidemocrática del actual régimen, por lo que seguir considerándolo democrático y legitimándolo por el aceleramiento necesario de políticas de inclusión social y económica es un error del que mañana tendrán que rendir cuenta quienes deberían advertir sobre este destino dentro y fuera del país.

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