Los Gobiernos respetuosos de las libertades deben ratificar la independencia de la CIDH y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, espacios a los que se pueda acudir cuando las tentaciones autoritarias –que siempre reaparecen, sean de derecha, como en los años 60 y 70 del siglo pasado, o de izquierda, en este siglo XXI– avasallen los derechos humanos y la libertad de expresión
Algunos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderados por Ecuador, buscan reformar el estatus de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, en un intento de someterlas a su arbitrio y evitar que cumplan la misión para la que han sido creadas: la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión.
De hecho, el Mandatario ecuatoriano, que realizará una impertinente visita al país para participar en la 42 Asamblea de la OEA, ha declarado que lo hace “para poner en su sitio a cierta burocracia internacional que se cree estar por encima de nuestros Estados”.
Cabe recordar que ya hubo un intento fallido en contra de la CIDH dirigido por el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori, quien incluso llegó a denunciar el tratado de adscripción, decisión que fue anulada por el siguiente Gobierno transitorio, que tuvo la virtud, además, de reencauzar a Perú por la senda de la democracia, por la que transita con éxito hasta ahora.
Como han denunciado los gremios del periodismo boliviano, la reforma planteada quiere “incorporar todos los informes de las Relatorías en un solo capítulo dentro del informe anual de la CIDH; asignación de recursos ‘adecuados, suficientes y balanceados’ a todas las Relatorías, grupos de trabajo y unidades de la Comisión, y al establecimiento de un Código de Conducta que regule la gestión de las Relatorías a fin de asegurar coordinación entre dichos mecanismos y los Estados miembros”, propuesta que debilita su funcionamiento poniendo “en serio riesgo la defensa de la Libertad de Expresión en el hemisferio”. Asimismo, sugieren que “un Código de Conducta debería ser escrito y aplicado para prevenir las transgresiones a los Derechos Humanos y no para los organismos que se encargan de velar por vigencia y respeto de esos derechos.
No es, por tanto, casual que sean los Gobiernos miembros de ALBA (y sus movimientos sociales afines) quienes están detrás de este intento. Es que en esos países, con mayor o menor intensidad, los medios de comunicación no controlados por ellos son permanentemente acosados, al mismo tiempo que se han creado (con impulso venezolano) amplias redes de medios audiovisuales y algunos impresos oficiales, en los que la desinformación y la sobreideologización dominan sus programas y artículos. Pese a ello, se dan cuenta de que las personas, como afirmaba Bertolt Brecht, el poeta anti nazista, “piensan” y acceden a medios independientes en los que, de acuerdo a encuestas realizadas en varias regiones, tienen más confianza, sin desconocer sus errores y limitaciones, para obtener mejor información, lo que quieren evitar.
En ese contexto, es de esperar que los Gobiernos democráticos y respetuosos de las libertades resistan esta ofensiva autoritaria y ratifiquen la independencia de la CIDH y de la Relatoría para la Libertad de Expresión, espacios a los que se puede acudir cuando las tentaciones autoritarias –que siempre reaparecen en la región, sean de derecha, como en los años 60 y 70 del siglo pasado o de izquierda, en esto siglo XXI– avasallen los derechos humanos y la libertad de expresión.
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