Resulta casi imposible creer que gente a la que le tocó vivir etapas dolorosas de violaciones atroces de derechos humanos en la que perdieron la vida amigos, amigas, parientes y luchadores sociales de diferente origen social y orientación política, al encontrarse hoy en función de poder se suban con mucha facilidad al carro de los detractores de las normas mínimas de convivencia humana que a nivel mundial se dotaron los Estados.
Con dolor presenciamos que, independientemente de que los Estados se encuentren gobernados por corrientes señaladas como de derechas o autodenominados de izquierdas, su actitud de desprecio hacia los derechos humanos es la misma. Lo que hasta apenas un tiempo atrás, cuando se encontraban en el llano, constituían aberrantes violaciones a la dignidad humana, ahora que lograron el poder se convierten en virtudes revolucionarias y como tales dignas de ser ejecutadas con total impunidad.
Pero, la ingratitud y osadía va mucho más lejos, se busca desarticular y debilitar, sino hacer desaparecer los sistemas de protección de derechos humanos. En los últimos años, en las Américas, gobiernos de una y otra ideología, se han dado a la tarea de atacar al Sistema Interamericano de protección, no perdonándoles a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hubieran asumido una posición firme y autónoma frente a crímenes de lesa humanidad no juzgados internamente, persecuciones políticas, desapariciones, desplazamientos forzados, privaciones de libertad arbitrarias, negación del derecho de acceso a la justicia, restricciones a la libertad de expresión, incumplimiento de compromisos de consulta previa a poblaciones indígenas, etcétera.
Los esfuerzos por aniquilar al Sistema de Protección de Derechos Humanos fueron múltiples: reducción de presupuestos, intentos de control incorporando a sus agentes en su seno, descalificar sus decisiones, hasta limitar al mínimo posible sus facultades a través de reformas a sus estatutos y reglamentos como lo que se pretende para la actual Asamblea de la OEA con la desvergonzada complicidad del secretario General, José Miguel Insulsa.
Felizmente, así como hay Estados para los que los derechos humanos y su sistema de protección les resultan molestos, innecesarios e indeseables, aún existen otros que saben que el poder es efímero, que la existencia de instancias independientes y sólidas de protección de la vida, la libertad, la justicia y la dignidad humana es una conquista irrenunciable y una garantía
para la convivencia humana. Hagamos votos porque las voces de la sociedad civil sean escuchadas y que los sepultureros de los Derechos Humanos no se salgan con la suya.
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