Páginas vistas en total

viernes, 1 de junio de 2012

sostengo que Evo como Pinochet malgasta y quema recursos del Estado para pretender cubrirse las espaldas. caravana de la muerte en Chile, masacre del Hotel en Bolivia. vano intento millonario y bichornoso

El juicio de la verguenza

A empellones, como ha sucedido desde que se abrió este caso, ha dado sus primeros pasos el juicio oral por el denominado “caso terrorismo” contra 39 acusados de haber formado una organización criminal que tenía planes de dividir Bolivia y perpetrar actos violentos en el país.

Este juicio marca un hito histórico nefasto en el país. Es el paradigma de la oprobiosa manipulación de la justicia que acomete el actual régimen político. La lista de los atropellos a las normas y procedimientos que garantizan un juicio justo es grande, por lo que se hace imprescindible la participación de veedores que por lo menos puedan atestiguar lo que está sucediendo con la democracia boliviana.

El juicio oral se está ventilando en La Paz, a casi mil kilómetros del lugar donde supuestamente fue cometido un crimen que nunca sucedió porque en realidad se están juzgando hipótesis que los fiscales han obtenido gracias a testimonios falsos, a testigos amedrentados, pagados y otras veces torturados, mientras que una cantidad inmensa de pruebas han sido ignoradas por los investigadores.

Se ha comprobado el soborno, la “plantación de pruebas”, la participación de jerarcas de la Policía y los servicios de inteligencia en la orquestación de este caso y hasta se ha llegado a admitir que muchas de las evidencias fueron destruidas, hecho que llevó a un juez cochabambino a conminar a los fiscales a poner en orden el caso, pero aún así todo fue conducido a empujones y en medio de una proverbial chapucería jurídica.

Cualquier decisión que se pueda tomar en este juicio es una ilegalidad, ya que el cambio de jurisdicción, prohibido por las garantías más elementales, fue decidido por medio de un decreto que ha pasado por encima de una ley. De esa forma, la instancia inicial del proceso fue llevada a Cochabamba y posteriormente a la sede de Gobierno, donde radica el “búnker” del control político gubernamental, compuesto por jueces y fiscales abiertamente parcializados con la estrategia de persecución que ejecuta el régimen.

La opinión pública nacional conoce muy bien de los pormenores de este caso y la manera tan arbitraria como se condujeron las investigaciones. La comunidad internacional, especialmente en aquellos países de origen de los tres ejecutados en el hotel Las Américas y dos que se encuentran detenidos, ha solicitado el cese de la manipulación política y la reconducción de la causa judicial en base al respeto de los derechos humanos. Sobre este caso se ha pronunciado la ONU, la Unión Europea y otros organismos que han criticado la falta de garantías constitucionales para los acusados.

Pese a todo, el régimen político no parece dispuesto a detener su arremetida, lo que coadyuva al deterioro de la justicia y la vigencia de la democracia. A medida que este proceso se acentúa y los poderes constituidos pierden legitimidad, las fuerzas de control cobran mayor importancia. Por eso resulta vital la veeduría de la Iglesia, de representantes internacional y de organismos de derechos humanos, porque se trata de preservar valores fundamentales que están en juego.

Se ha comprobado el soborno, la “plantación de pruebas”, la participación de jerarcas de la Policía y los servicios de inteligencia en la orquestación del caso Rózsa y hasta se ha llegado a admitir que muchas de las evidencias fueron destruidas, hecho que llevó a un juez cochabambino a conminar a los fiscales a poner en orden el caso, pero aún así todo fue conducido a empujones y en medio de una proverbial chapucería jurídica.

No hay comentarios: