Lacerante informe sobre Derechos Humanos en Bolivia

Mauricio Aira

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia ha ofrecido a los medios y corresponsales de la prensa extranjera el informe sobre Derechos Humanos de cada uno de los países con los que mantiene relaciones diplomáticas. En el caso de Bolivia el documento abarca 21 páginas y contiene 18 acápites de los que hoy glosamos los relacionados con la libertad de prensa y los derechos humanos. En la nota introductoria se previene que la presentación se basa en el mejor juicio de la Cancillería, que no puede ofrecer un cuadro completo de la situación por lo que deberá confrontarse con datos de otras fuentes.

Los periódicos, la radio y las estaciones de televisión al parecer disfrutaron en el 2007 de relativa libertad de expresión. La oferta informativa es grande y la mayoría de los medios son críticos al Gobierno. Durante 2007 el colegiado de los periodistas se ha quejado de presiones y violencia contra sus asociados ejercida por seguidores del gobierno que han amedrentado en veces el trabajo de los reporteros en actos masivos. Concretamente en el mes de noviembre durante las demostraciones en La Paz fueron objeto de acciones agresivas y fueron apedreadas varias estaciones de radio y televisión. La oposición acusó al gobierno de haber instrumentado tales agresiones. Los reporteros sin fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa expresaron su inquietud por la forma en que son atacados los medios privados y los fundados temores de los periodistas de una escalada de atropellos que desmejoran la relación con el Gobierno. La libertad de asociación y de expresión están garantizadas por Ley. Las autoridades tienen que respetar este derecho universal. Es muy frecuente que en las marchas y concentraciones tanto de la oposición como de los seguidores del gobierno se confisquen grabadoras o filmadoras y se maltrate verbal y físicamente a los periodistas.

En el rubro del derecho a la vida, a la integridad física y las torturas el informe no consigna información alguna sobre la desaparición de personas durante 2007, aunque casos de muerte se han dado en muchas ocasiones de incidentes sociales contra el aparato estatal, se ha criticado severamente la pasividad y falta de juicio. En enero fallecieron tres personas como resultado de incidentes en la ciudad de Cochabamba donde grupos oficialistas chocaron contra la ciudadanía opuesta al partido de gobierno. La policía no hizo nada para evitar el enfrentamiento y las críticas hicieron blanco en la ministra del interior que resultó responsable de la actuación policial. En Sucre durante noviembre pasado tres estudiantes resultaron muertos a raíz del enfrentamiento de la oposición con la policía, que protegió la sesión en que fue aprobada la nueva constitución sin la presencia de la oposición. Otros casos de víctimas mortales se han dado en grupos ciudadanos enfentados al poder público.

Los casos de linchamiento han sido frecuentes durante el año. Se advierte una tendencia criminal contra víctimas indefensas bajo muy débiles acusaciones y la policía actúa tarde y mal. Las pobladas castigan con una violencia desproporcionada a personas bajo sospecha de robo de objetos de escaso valor y resultan siendo en la mayoría de los casos acusaciones sin fundamento real. Durante 2007 por lo menos 11 personas han muerto a manos de la turba. La Policía ha confesado su impotencia de frenar el nuevo fenómeno.

La tortura está prohibida por ley, y los casos que se han citado en procesos legales de personas sometidas a trato violento y bajo la presión de torturas, trato inhumano y humillante para la dignidad de las personas han sido cometidos por la policía, por el personal en las cárceles y en los cuarteles. Según el defensor de derechos humanos la tortura como método ha disminuído y ha dejado de ser empleada en forma sistemática.
La comisión interamericana de derechos humanos ha declarado que la situación de las cárceles en Bolivia es cruel, inhumana e indignante. Ello depende de diversos factores como la carencia de recursos, hacinamiento, promiscuidad. En el presupuesto oficial se consigna 0.6 centavos de dólar por día y no comprende a los niños ni las parejas de los presos que también viven en las cárceles. El proceso legal a que están sometidos es muy lento, corrupto y pesado. La privación de libertad se determina en un alto porcentaje en forma preventiva a la espera del juicio en un tribunal. Según fuentes confiables un 70% de los detenidos no han sido juzgados o sus casos no han sido probados. No existe separación entre reos con sentencia probada, sospechosos, incomunicados o detenidos preventivamente. Todos están confundidos en recintos inapropiados, ni siquiera están divididos entre adultos y jóvenes lo que dificulta aún más su posible rehabilitación. Los detenidos que carecen de recursos están notoriamente por debajo de los que pueden comprar privilegios dentro de las cárceles sea pagando por las celdas, alimentación, trato diferenciado. La salubridad está incontrolada, en San Pedro de La Paz existe un sólo médico para más de 1.500 internos. Las celdas de aislamiento se pueden calificar como sitios de tortura. Las mujeres son víctima de violaciones. Según la ley, sólo pueden permanecer en la cárcel junto a sus padres niños por debajo de los seis años siempre y cuando no exista un hogar para ellos. A pesar de ello conviven en las cárceles menores hasta de 16 años. El fenómeno es uno de los más grandes problemas de la sociedad que no encuentra una solución para estos que en número supeior a un mil viven en las cárceles del país. Este es un problema flagrante de derechos humanos. Por ahora el gobierno permite que los medios y las organizaciones humanitarias pueden visitar las cárceles.

El informe está disponible en su integridad en: www.manskligarattigheter.gov.se versión en sueco. En algunas horas estará también disponible la versión en inglés.