Del lucro cesante al daño emergente

Cuando se confisca o si se quiere llamarlo de otra manera "se nacionaliza" un bien cualquiera queda como solución el pago de una indemnización. Lo hemos repetido más de una vez, cuando Bolivia en medio de la euforia revolucionario de 1952 procedió a nacionalizar las minas, los propietarios de entonces demandaron al gobierno boliviano ante el famoso tribunal internacional en materia de comercio, que es justamente la Cámara de Comercio de la ciudad de Nueva York, que figura como árbitro obligado en casi todas las transacciones de alguna importancia que tienen lugar en el mundo occidental.
El juicio terminó con la derrota de Bolivia que no estaba preparada jurídica ni legalmente para asumir una medida de semejante proporción. Los consorcios estadounidentes e ingleses, embargaron la producción de estaño tanto en Chile (puertos de embarque de los minerales) como en los puertos de llegada de los minerales para su fundición en USA e Inglaterra. El embargo fue una medida dura, que sin embargo el pueblo supo asumir con el entusiasmo de sentirse "dueño de la riqueza minera que abriría las puerta hacia un futuro venturoso" , los mineros donaron parte de sus salarios para sostener el juicio y paliar el efecto económico. Nada pudo contra el árbitro que obligó a sentarse a la mesa a las partes. Las grandes empresas y el gobierno boliviano. Fue entonces que un abogado boliviano, de gran experiencia y honestidad, de origen aymara y muy leído Victor Andrade que hablaba perfectamente el inglés, embajador del MNR en Wáshington, pudo "negociar y transar" acordando plazos y montos para ir amortizando el monto de la indemnización, los costos del inventario más el lucro cesante (las ganancias que debían obtener las empresas + el daño emergente de la medida de nacionalización) nadie sabe con exactitud cuánto pagó la nación por aquella transacción.
Ahora la historia se repite. El gobierno del MAS no acaba de convencer al pueblo porqué razón tuvo que nacionalizar Transredes, aunque el ministro de energía se apresuró a señalar que la operación tendría un costo de 240 millones de dólares.
Cuando se anuncia un resultado como éste generalmente se producen dos comunicados uno del vendedor y otro del comprador donde se clarifican cifras y condiciones, lo cual no se dió en éste caso. Ahora nos viene el sofocón de estar Transredes buscando el arbitraje y algunos expertos se adelantaron en pronosticar que el costo superará los 500 millones de dólares, vaya friolera suma! Y todo por aquellas cláusulas que generalmente se inscriben letra chica. El confiscador tiene que pagar también aparte de los costos de inventario, lo que resultade del lucro cesante, es decir las espectativas de utilidades por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que los damnificados no tendrán apuro alguno, puesto que cada hora de cada día estarán sumando sus caudales por el daño económico que les provocó la medida.
Lamentablemente así funciona la economía globalizada y por mucho que nos duela, no queda otra alternativa que pagar, si acaso el Gobierno no desea enfrentarse a un bloqueo o embargo, además de la cesasión de inversiones que tanto perjuicio y descrédito le traen a la nación.
Por Mauricio Aira, junio 7, 2008