El presidente Morales ha anunciado una nueva Cumbre de Justicia para abril, luego de reconocer que ha sido un error elegir las autoridades judiciales por voto popular. En su reciente informe al país, el jefe del Gobierno boliviano ha concluido que la pretendida reforma judicial se ha convertido en una decepción no sólo para la ciudadanía, que esperaba un salto cualitativo, sino para el propio Ejecutivo que anunció en su momento la “nueva justicia”. De hecho, todo indica que las cosas han empeorado hasta el punto que la corrupción en el Poder Judicial ha alcanzado niveles de escándalo, mientras que la retardación de la justicia se ha constituido en un auténtico calvario para la ciudadanía.
Si se considera un tremendo error el enorme dispendio de recursos que se han movilizado hace pocos años para realizar la pretendida reforma judicial con autoridades judiciales elegidas mediante voto ciudadano, el anuncio de concretar una nueva Cumbre de Justicia se antoja como otro derroche de recursos que podrían tener mejor destino. Esa es la impresión de la ciudadanía, la opinión pública y la oposición, que ven el problema desde su peculiar óptica pero similar conclusión. Sin embargo, por contraste, se coincide en la necesidad imperiosa de abordar de manera amplia la problemática de la Justicia, con mayor apertura de criterios y la participación deseable de los expertos.
Por tanto, se espera que el Gobierno actúe esta vez con mayor tino. La anunciada Cumbre de Justicia debe estar despojada de intereses político-partidarios para arribar a los escenarios deseados para reencauzar el rumbo, si cabe. Por otra parte, conviene que no perder de vista que debe primar el respeto por la independencia del Poder Judicial. Sin esos elementos básicos e indispensables para un debate responsable, existe riesgo de volver a errar. Bolivia, después de diez años de un Gobierno que persigue el cambio, ya no puede seguir permitiéndose la comisión errores en la reforma de la Justicia. La libertad, la democracia y la justicia son imprescindibles para una convivencia civilizada.
Y es justamente esta necesidad de Justicia accesible a la población boliviana, sin discriminaciones, la que convoca al natural escepticismo y, por paradoja, a la esperanza. No solo está en juego el abordaje de la correcta administración de la justicia, que de suya se ha manifestado como desfasada y a contrapié de la actual coyuntura histórica, política, económica y social del país, sino la propia esencia del servicio a la población. Es posible mencionar como un botón de muestra la denominada justicia comunitaria, que ha caído en abusos y malinterpretaciones, sin que se haya podido congeniar entre la justicia tradicional y la olvidada, pero emergente de los pueblos originarios campesinos.
Si una vez se ha creído en la honestidad de las autoridades judiciales elegidas por la ciudadanía, recibiendo como respuesta elevados niveles de corrupción y retardación de justicia, conviene asumir esa experiencia como corresponde. Sin duda, la situación en el terreno judicial ha empeorado en comparación con la que prevalecía antes de la pretendida reforma. Por ello, resulta sensato no tropezar con la misma piedra. La perspectiva de reestructuración, reorganización o renovación total del Poder Judicial pasa por impulsar su independencia, tal como debe ser. Lo contrario resulta nocivo. La Justicia es tan importante como necesaria para proteger la libertad y la democracia.
Si se considera un tremendo error el enorme dispendio de recursos que se han movilizado hace pocos años para realizar la pretendida reforma judicial con autoridades judiciales elegidas mediante voto ciudadano, el anuncio de concretar una nueva Cumbre de Justicia se antoja como otro derroche de recursos que podrían tener mejor destino. Esa es la impresión de la ciudadanía, la opinión pública y la oposición, que ven el problema desde su peculiar óptica pero similar conclusión. Sin embargo, por contraste, se coincide en la necesidad imperiosa de abordar de manera amplia la problemática de la Justicia, con mayor apertura de criterios y la participación deseable de los expertos.
Por tanto, se espera que el Gobierno actúe esta vez con mayor tino. La anunciada Cumbre de Justicia debe estar despojada de intereses político-partidarios para arribar a los escenarios deseados para reencauzar el rumbo, si cabe. Por otra parte, conviene que no perder de vista que debe primar el respeto por la independencia del Poder Judicial. Sin esos elementos básicos e indispensables para un debate responsable, existe riesgo de volver a errar. Bolivia, después de diez años de un Gobierno que persigue el cambio, ya no puede seguir permitiéndose la comisión errores en la reforma de la Justicia. La libertad, la democracia y la justicia son imprescindibles para una convivencia civilizada.
Y es justamente esta necesidad de Justicia accesible a la población boliviana, sin discriminaciones, la que convoca al natural escepticismo y, por paradoja, a la esperanza. No solo está en juego el abordaje de la correcta administración de la justicia, que de suya se ha manifestado como desfasada y a contrapié de la actual coyuntura histórica, política, económica y social del país, sino la propia esencia del servicio a la población. Es posible mencionar como un botón de muestra la denominada justicia comunitaria, que ha caído en abusos y malinterpretaciones, sin que se haya podido congeniar entre la justicia tradicional y la olvidada, pero emergente de los pueblos originarios campesinos.
Si una vez se ha creído en la honestidad de las autoridades judiciales elegidas por la ciudadanía, recibiendo como respuesta elevados niveles de corrupción y retardación de justicia, conviene asumir esa experiencia como corresponde. Sin duda, la situación en el terreno judicial ha empeorado en comparación con la que prevalecía antes de la pretendida reforma. Por ello, resulta sensato no tropezar con la misma piedra. La perspectiva de reestructuración, reorganización o renovación total del Poder Judicial pasa por impulsar su independencia, tal como debe ser. Lo contrario resulta nocivo. La Justicia es tan importante como necesaria para proteger la libertad y la democracia.
La reestructuración, reorganización o renovación total del Poder Judicial pasa por impulsar su independencia, como debe ser. Lo contrario resulta nocivo. La Justicia es tan importante como necesaria para proteger la libertad y la democracia.
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