Mauricio Aira
Bolivia corre el inminente peligro de ser declarada nación interdicta por tres causas graves. Permisividad con el tráfico de cocaína, desobediencia a disposiciones de tribunales de Justicia y por violación sistemática de la CPE actualmente vigente.
Una investigación paciente, valiente y valiosa de periodistas de La Prensa, nos ha permitido saber que más de 20 mil pozos de maceración de la hoja de coca han sido descubiertos en cientos de poblados campesinos donde las comunidades originarias, con el amparo o/y la complicidad de sus autoridades como curacas y jilakatas han estado produciendo y traficando en forma impune con la droga maldita. Se ha copiado por capos mafiosos el método del malhadado Escóbar que en su natal Colombia actuó de Robin Hood, repartiendo dádivas entre los pobres dizque para arreglar las iglesias, construír aulas, empedrar sus plazas, ofrecer coimas a los líderes naturales de las aldeas, o amedrentándoles con castigos y quizá con linchamientos si descubriesen las actividades a la Policía o a los vecinos.
Entre el 2006 y 2007, la actividad mafiosa se ha multiplicado y afincado especialmente en las poblaciones fronterizas con Chile, donde el cambalache con vehículos del contrabando es carta de todos los días. Chile que se muestra tan benevolente con “la Bolivia del cambio” se hace de la vista gorda y tolera el contrabando ante la ausencia casi total de control aduanero, más exactamente donde los vistas actúan en determinados horarios, mientras en otros el tránsito por cien lugares diferentes es virtualmente libre, a estar por las denuncias. Dicho en corto y claro. El delito se ha generalizado y se ha perdido todo temor. La mafia tiene como aliados a todos los habitantes, impedidos de abrir la boca bajo penas de muerte.
Parece irreal que se hubiera llegado al extremo denunciado que jamás se habría podido dar por ejemplo en la Cuba de Castro. Es bien sabido que Fidel podrá tener todos los pecados que se le quiera endilgar, pero jamás toleró el más mínimo desliz en narcotráfico. (Recordar el fusilamiento del General Ochoa y sus cómplices por haber negociado precisamente con Pablo Escóbar el paso de la cocaína por el Mar Caribe. El episodio está fresco y se pueden leer los detalles en Internet. www.cubancenter.org.Ochoa)) El primer régimen en declarar la interdicción sería talvez Cuba.
La segunda causa tiene que ver con la desobediencia a la Justicia de la directiva de la Constituyente. En lugar de acatar la decisión del juez y acudir al citatorio como cualquier ciudadano, proclaman desobediencia y chicaneo leguleyo, habida cuenta que siempre habrá abogados sin ética ni moral que les respalden por paga. El Ejecutivo en lugar de instar al cumplimiento de la Ley, difunde el desacato y se hace cómplice de graves faltas al Poder Judicial, cual si se tratase de unos tribunales que pertenecen a otra nación que no a la de Bolivia a la que nos debemos todos.
La violación permanente de la CPE se ha dado desde el descabezamiento del Tribunal Constitucional para evitar el control necesario en toda sociedad democrática. Pareciera como lo afirma un documento reservado que el MAS quiere un gobierno sin Estado y una Democracia sin partidos porque hace todo para desintitucionalizar Bolivia, persigue y agrede al Poder Judicial, ha intentado tomar prefecturas y desconocer a los prefectos democráticamente elegidos, ha tomado violentamente minas explotadas por Cooperativas, ha permitido o incitado a la agresión física de periodistas e instalaciones de prensa, ha intervenido y tutelado la Constituyente y ha cercado al Congreso para evitar la participación de opositores en el debate sin importarle la separación de funciones que se rige por la independencia de los órganos del poder, la coordinación entre ellos y el equilibrio para impedir la teoría de los frenos y contrapesos.
Sólo para enumerar unos pocos se ha violentado las convenciones firmadas por Bolivia en Ushuaia, Argentina, el Compromiso Andino por la Democracia, la Declaración de Brasilia, la Declaración de Québec, la Carta Democrática Interamericana y ello no obstante las protestas de ciudadanos e instituciones como la Iglesia Católica, la Fundación de Derechos Humanos, la Asociación de la Prensa, porque es evidente que se ha producido la ruptura del proceso democrático.
El cuadro descrito ha sido elevado ante organismos que tienen la fuerza para activar mecanismos efectivos que preserven la democracia y restablezcan la institucionalidad y devuelvan a la Patria su respetabilidad y honorabilidad en las tres áreas descritas líneas arriba y que se haga lo posible para detener los efectos de la crisis que están a punto de generar violencia y enfrentamientos que es ineludible evitar conforme lo han reconocido ilustres prelados de la Iglesia Católica en reciente declaración.
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