ante los vecinos, ante los del bloque de amigos, ante los organismos internacionales, ante el concierto de naciones de la unión europea y de la misma organización de naciones unidas. y ello puede ocurrir porque se le esté yendo a la administración el control del negocio del contrabando y de las drogas y por la violación permanente y sistemática de la vigente Constitución Política.
en el primer caso, un meritorio trabajo de La Prensa nos ha puesto ante los ojos lo que está ocurriendo con los capos mafiosos de la cocaína, algunos de ellos reos condenados de Palmasola. buenos discípulos de Pablo Escóbar, en lugar de esconderse salen a las calles en los pueblos y aldeas y "se ganan a la gente a su favor" por pequeñas pagas, coimas, o por amedrentamiento. les prometen reparar la iglesia, mejorar las escuelas, empedrar las plazas, pintar las alcaldías, y al parecer por el documento que nos ofrecen los periodistas, los pichicateros lograron comprometer a jilakatas y otras autoridades originarias, a cambio de "protección a sus actividades" es decir que no den parte a la policías, que no hablen del tema con la comarca vecina y que llegado el caso ahuyentes a las autoridades (El informe no lo menciona, pero bien pudo haber ocurrido que en Chillijchi, cuyos pobladores lincharon en Epizana a tres policías, se hubieran sentido amenazados por delación) lo cierto es que igual que el capo máximo mafioso de Colombia Escóbar, está corriendo dinero, mucho dinero y se cambia la droga con vehículos que ingresa igualmente bajo la protección de los vecinos, el informe según lo pueden leer en nuestro blog: http://documentosimperdibles.blogspot.com refiere incluso el caso de un cacique que encubría toda una pista de aterrizaje con los comunarios para que la policía antinarcóticos no la encontrara. Este es un hecho grave, porque si la población proteje el tráfico de cocaína, se convierte en cómplice y se complica la situación jurídico-legal ante los que no toleran tal estado de cosas. Entonces, puede suceder la interdicción ante "la obra ruinosa y el temor de daño" en cuyo caso pueden actuar fuerzas internacionales inclusive para impedir el daño emergente.
El oro caso está relacionado con el descabezamiento del Tribunal Constitucional, los atentados hasta ahora sin castigo al estado democrático y social de derecho. Las leyes no está siendo respetadas y las acciones violentas contra los parlamentarios de oposición muestran que el Ejecutivo se ha colocado por encima de los otros poderes, con grave riesgo de obligar al quiebre de la institucionalidad. Sendas denuncias, con pelos y señales cursan ante los organismos mundiales, los gobiernos amigos y el cuerpo latinoamericano. Por todo ello, no está lejano el día en que se le pida cuentas al gobierno de Morales sobre ambos graves peligros para la americanidad, la droga y la dictadura que no se puede absolutamente permitir.
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