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jueves, 20 de diciembre de 2012

El Deber expresa claramente la imprescindible necesidad de direccionar la Justicia tan venida a menos a partir del caso Ostreicher


Si bien es cierto que no podemos hablar de una completa satisfacción, por lo menos diremos que, como bolivianos, nos ha provocado alivio que Jacob Ostreicher pueda defenderse fuera de la cárcel, con medidas sustitutivas, de los cargos que se le imputan. Luego de una treintena de audiencias fallidas, fueron influencias externas las que hicieron abrir los ojos de la justicia sobre su caso.
Esto ha provocado que se descubriera una peligrosa red de extorsionadores cuyo último e insólito episodio ha sido la aparente fuga, nada menos que del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Ariel Rocha, quien está bajo orden de apremio. La justicia en nuestro país nunca fue ejemplar, porque antaño no faltaron ni las presiones políticas ni el soborno. Sin embargo, jamás habíamos estado ante un panorama tan grave como el actual, que no tiene parangón alguno. No deja de ser alentador que, en este caso tan publicitado a nivel mundial, se hubiera enmendado errores inconcebibles e iniciado proceso contra presuntos extorsionadores que serían los culpables de todo un desbarajuste judicial; pero no es suficiente. La tarea que espera por delante es enorme si se quiere reponer la imagen que Bolivia ha perdido internacionalmente.
La elección de magistrados mediante voto popular no solo ha dado resultados magros, sino realmente lamentables. Institucionalizar una justicia partidista ha sido una falta muy grave que ya se había advertido antes de producirse y que la nación boliviana rechazó con la abstención de la mayoría. Contra viento y marea se impusieron nombres que, si bien fueron elegidos por voto, ya habían sido previamente designados por el oficialismo en la Asamblea Legislativa.
El resultado está a la vista: el ‘caso Ostreicher’ es solo una muestra de lo que sucede con quienes no gozan del favor gubernamental o tienen la ingenuidad de suponer que existen garantías ciertas para invertir en Bolivia. Nuestras cárceles están pobladas de presos que no tienen sentencia. Lo que sucede con Jacob Ostreicher es algo que trasciende nuestras fronteras, y de ahí su gravedad. Es el campanazo de advertencia para quienes tienen intenciones de instalarse en la nación y no se han enterado de su absoluta falta de seguridad jurídica. Seguiremos con interés lo que acontezca en el juicio que se le sigue a Ostreicher; nos alegramos de su libertad condicionada, pero nos preocupa saber que por delante existe una tarea inmensa para reconducir una justicia que está seriamente dañada y que cada día ofrece menos confianza.

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