Para medir las dimensiones del mega-escándalo de corrupción gubernamental no hay mejor sintoma que la reacción de la ONU, que declaró por medio de sus voceros que Bolivia debe volver al Estado de Derecho.
Esto, proviniendo de un organismo cuyos funcionarios locales se caracterizan por la tibieza y, en algunos casos, por la funcionalidad con el régimen de Evo Morales.
A ello se suman las bajísimas calificaciones alcanzadas por el Estado Plurinacional en el “Índice del Estado de Derecho 2012” publicado por la organización World Justice Project (WJP), donde Bolivia ocupa la posición 84 entre 97 países en el mundo, y el onceavo lugar entre 16 Estados latinoamercanos.
“Bolivia es uno de los países de la región con más baja puntuación en muchas de las dimensiones del Estado de Derecho. El país enfrenta desafíos en materia de transparencia y rendición de cuentas de las instituciones públicas, mismas que reflejan un clima caracterizado por la impunidad, la corrupción y la interferencia política. El sistema judicial es ineficiente y está afectado por corrupción”, indica el documento.
Ahora, el ranking mundial de corrupción de Transparencia Internacional también muestra a la Bolivia evista en condiciones penosas: en el puesto 105 a nível mundial.
Lo cierto es que, cuando un país se encuentra fuera del Estado de Derecho, está bajo un gobierno de facto, por más que éste haya nacido de las urnas.
Son las lógicas consecuencias de la política del “le meto nomás” establecida por el caudillo cocalero…
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