Parece fantasía lo que dice Mario Tadic, quien afirma que un funcionario del Ministerio de Gobierno del MAS se pavoneaba diciendo que tenía contacto directo con el presidente del Estado Plurinacional y que gozaba del poder para ayudarlo en el caso terrorismo, a cambio de que inculpe a varias personas de una lista que ha sido ampliamente difundida en las últimas semanas.
Pero ocurre que el funcionario denunciado por Tadic es Carlos Núñez del Prado, vinculado a uno de los más grandes jerarcas del MAS. Núñez trabajó en varios ministerios y de él se difundió un video entregando un soborno al famoso “testigo clave” del Caso Rózsa, Ignacio Villa Vargas. El nombre del sujeto en cuestión también saltó en la investigación de la red de abogados extorsionadores que fue desarticulada a raíz del escándalo Ostreicher y pese a todas las evidencias, la justicia no le ha tocado ni un pelo.
Semejante impunidad sólo podría explicarse por las grandes influencias a las que hace alusión Mario Tadic, el primero de los 39 acusados en ofrecer su testimonio en el juicio oral que se produce físicamente en Santa Cruz, pero a la cabeza de jueces de la jurisdicción de La Paz, en abierta violación a las normas del debido proceso.
Precisamente esa es la principal característica de este régimen que ha convertido a la justicia en su instrumento de control político y en el que actúan individuos con licencia para cometer todo tipo de atropellos. El caso paradigmático de esta forma de proceder es el fiscal Marcelo Soza, quien goza de un blindaje impenetrable, pese a que se ha comprobado una lista interminable de violaciones a la ley en la conducción del caso terrorismo.
Y cuando parecía que las fechorías de Soza se habían acabado, porque él mismo las confesó públicamente y porque hay jueces y funcionarios de justicia que se han atrevido a denunciarlo, la Fiscalía General del Estado le tiende un salvavidas, lo colma de indulgencias y le permite salir campante de este berenjenal que debería haberlo conducido a los tribunales y seguramente a la cárcel, puesto que los delitos que se le imputan son muy graves.
Es obvio que así como detrás de Núñez del Prado y de todos los abogados extorsionadores existe un gran aparato político que lo respalda, Soza es apenas un alfil en la estrategia que busca una condena por terrorismo en Santa Cruz, sin haber aportado ni una sola prueba. La evidencia más clara es que recientemente, el sistema de propaganda del Gobierno ha iniciado una campaña millonaria para tratar de revitalizar un caso que se ha derrumbado, no sólo por la carencia de sostenibilidad jurídica y la ausencia de pruebas, sino por la propia confesión del gran operador designado por el Gobierno para defenestrar al movimiento autonomista de Santa Cruz y aniquilar a sus principales líderes.
Todas estas maniobras demuestran la decisión “de Estado” que se ha tomado en dirección a consolidar una de las mayores infamias de la historia nacional. Lamentablemente para el Gobierno, el tiempo corre en su contra y cada vez son más fuertes las pruebas que apuntan a lo más alto del poder. Mientras más altas son las influencias que intervienen para alentar este caso, más peligro se corre de que el proceso termine en los estrados internacionales.
Pero ocurre que el funcionario denunciado por Tadic es Carlos Núñez del Prado, vinculado a uno de los más grandes jerarcas del MAS. Núñez trabajó en varios ministerios y de él se difundió un video entregando un soborno al famoso “testigo clave” del Caso Rózsa, Ignacio Villa Vargas. El nombre del sujeto en cuestión también saltó en la investigación de la red de abogados extorsionadores que fue desarticulada a raíz del escándalo Ostreicher y pese a todas las evidencias, la justicia no le ha tocado ni un pelo.
Semejante impunidad sólo podría explicarse por las grandes influencias a las que hace alusión Mario Tadic, el primero de los 39 acusados en ofrecer su testimonio en el juicio oral que se produce físicamente en Santa Cruz, pero a la cabeza de jueces de la jurisdicción de La Paz, en abierta violación a las normas del debido proceso.
Precisamente esa es la principal característica de este régimen que ha convertido a la justicia en su instrumento de control político y en el que actúan individuos con licencia para cometer todo tipo de atropellos. El caso paradigmático de esta forma de proceder es el fiscal Marcelo Soza, quien goza de un blindaje impenetrable, pese a que se ha comprobado una lista interminable de violaciones a la ley en la conducción del caso terrorismo.
Y cuando parecía que las fechorías de Soza se habían acabado, porque él mismo las confesó públicamente y porque hay jueces y funcionarios de justicia que se han atrevido a denunciarlo, la Fiscalía General del Estado le tiende un salvavidas, lo colma de indulgencias y le permite salir campante de este berenjenal que debería haberlo conducido a los tribunales y seguramente a la cárcel, puesto que los delitos que se le imputan son muy graves.
Es obvio que así como detrás de Núñez del Prado y de todos los abogados extorsionadores existe un gran aparato político que lo respalda, Soza es apenas un alfil en la estrategia que busca una condena por terrorismo en Santa Cruz, sin haber aportado ni una sola prueba. La evidencia más clara es que recientemente, el sistema de propaganda del Gobierno ha iniciado una campaña millonaria para tratar de revitalizar un caso que se ha derrumbado, no sólo por la carencia de sostenibilidad jurídica y la ausencia de pruebas, sino por la propia confesión del gran operador designado por el Gobierno para defenestrar al movimiento autonomista de Santa Cruz y aniquilar a sus principales líderes.
Todas estas maniobras demuestran la decisión “de Estado” que se ha tomado en dirección a consolidar una de las mayores infamias de la historia nacional. Lamentablemente para el Gobierno, el tiempo corre en su contra y cada vez son más fuertes las pruebas que apuntan a lo más alto del poder. Mientras más altas son las influencias que intervienen para alentar este caso, más peligro se corre de que el proceso termine en los estrados internacionales.
Cuando parecía que las fechorías de Soza se habían acabado, porque él mismo las confesó públicamente y porque hay jueces y funcionarios de justicia que se han atrevido a denunciarlo, la Fiscalía General del Estado le tiende un salvavidas, lo colma de indulgencias y le permite salir campante de este berenjenal que debería haberlo conducido a los tribunales y seguramente a la cárcel, puesto que los delitos que se le imputan son muy graves.
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