acoso a los DDHH. Evo ejercita acoso permanente a los observadores de los DDHH de la OEA. no le gusta que le hubieran llamado la atención por lo de Chaparina. no tienen derecho dice Evo, no están calificados y por tanto los acosa

No debería llamar la atención a propios y extraños que los países del ‘bloque socialista’ encabezados por Venezuela y Cuba, y sus seguidores, Ecuador y Bolivia, apunten sus lanzas contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA). Justamente, los países que más cuestionan la labor de aquel organismo son aquellos en los con mayor flagrancia se atropellan los derechos humanos, un valor fundamental del sistema democrático que supimos defender y valorar los latinoamericanos en las últimas tres décadas, después de la larga noche de las dictaduras.

Primero fue Ecuador, que impulsó la flexibilización de los estatutos de la CIDH, de forma tal que sus recomendaciones se transformen en un saludo a la bandera. Ahora, el Gobierno boliviano intenta que la sede de la CIDH se traslade de su actual domicilio en Washington a fin de evitar el supuesto de que Estados Unidos maneja al organismo en función de sus intereses estratégicos.
Qué paradoja que mientras Bolivia piensa sacar a la CIDH de Washington, este organismo publica una advertencia en sentido de que las operaciones de espionaje contra periodistas y editores de la agencia de noticias AP puede perjudicar el ejercicio del periodismo libre en Estados Unidos. ¿Diría esto si fuera un organismo acólito de la potencia norteamericana?

La fracasada cumbre de cancilleres que se realizó en Cochabamba, a la que solo asistieron tres cancilleres y otros 20 representantes de segundo rango, demostró que no hay un claro consenso sobre esta ofensiva contra uno de los organismos clave del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Justamente, la CIDH ha puesto sobre la mesa contundentes informes sobre las violaciones a los derechos humanos que se cometen en países de la región. Cuando esto ocurre, los gobiernos socialistas denuncian que la CIDH tiene un rol político. Pero, a su vez, reclaman que dicho organismo funcione en alguno de los países firmantes de la Convención Americana de Derechos Humanos, documento que efectivamente no suscribió Estados Unidos. Uno se pregunta. ¿Buscan instalar a la CIDH en Caracas o en La Habana donde los atropellos contra los opositores y la prensa independiente son moneda corriente? Más allá de la sede, en el fondo, la cuestión es la defensa de los derechos humanos como pilar fundamental de la democracia. ¿Están dispuestos estos gobiernos socialistas a defender los derechos humanos antes que a sus coyunturales intereses políticos?