Como no ocurrió en casi 30 años de democracia, el Gobierno de Evo Morales ha resuelto colocar a Bolivia al margen del derecho internacional y de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Lo ha hecho con la insistencia de no respetar el derecho de asilo presentado por el senador opositor Róger Pinto ante Brasil, alegando que tiene procesos pendientes con la justicia.
El legislador acaba de cumplir un año de encierro en la sede diplomática del vecino país en La Paz luego que el Gobierno decidiera, por razones estrictamente políticas, no otorgarle un salvoconducto que garantice su salida del país. El drama humano que vive Pinto no tiene nombre y merece el repudio internacional. Se trata, de hecho, de un detenido político más de una gestión que se ha ocupado sistemáticamente de perseguir a los disidentes al actual modelo político y económico.
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| de archivo. hace ya más de un año que Roger Pinto no ofrece declaraciones en La Paz |
Lo más grave del caso es que los beneficios coyunturales que el Ejecutivo cree obtener con la forzada reclusión ya se han transformado en costos políticos a escala internacional para el país. En primer lugar, porque ha resentido las relaciones con Brasil, el principal socio estratégico de Bolivia en su vinculación con los mercados internacionales. El Gobierno de Dilma Rousseff ha marcado con claridad su molestia respecto de un caso que transgrede los más elementales derechos humanos de un opositor.
Y en segundo lugar, porque el derecho de asilo es una institución de larga data en la comunidad internacional y su defensa frente a regímenes autoritarios tiene una extensa tradición en el continente americano. Bolivia va a contramano del derecho internacional y las consecuencias pueden ser aún peores para la imagen del país en el mundo.
De hecho, la defensa del senador Pinto espera el pronunciamiento del Tribunal Supremo brasileño sobre un pedido de habeas corpus que puede obligar a la Cancillería del vecino país a presentar un recurso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Qué paradoja. Bolivia denuncia a Chile ante La Haya por la demanda marítima, y Brasil podría hacer lo mismo contra nuestro país por no respetar el derecho de asilo del senador Pinto. Incluso, Brasil podría utilizar un vehículo diplomático para sacar a Pinto del territorio boliviano, lo cual sería un bochorno para el país y haría recuerdo a las peores épocas en que los disidentes políticos tenían que salir huyendo, perseguidos por los dictadores.
Hay razones contundentes para invocar la liberación de Róger Pinto. Nada en absoluto justifica por más tiempo su reclusión en la embajada de Brasil.
Consejo Editorial: Pedro F. Rivero Jordán, Juan Carlos Rivero Jordán, Tuffí Aré Vázquez, Lupe Cajías, Agustín Saavedra Weise y Percy Áñez Rivero
1 comentario:
Es muy sencillo, el senador Pinto sólo tiene que dirigirse a la puerta de la Embajada, cruzarla e ir a su casa, preparar su defensa por las acusaciones de corrupción que tiene y defenderse como estilan hacer los hombres, los que tienen pantalones, claro está, no este pusilánime ser que pretende hacer un show montado por Unitel, Red Uno y sus satélites (julio Terrazas), ya basta de tanta impunidad de tapar sus deudas con la sociedad victimizándose de "perseguidos políticos", si hay alguien que debió haber nacido con faldas es Roger Pinto.
nada teme el que nada tiene que ocultar reza el dicho pero este señor por lo visto tiene una larga cola de paja para esconderse de esa forma
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